Cruce de llamadas, lo que se viene en la causa de la “pyme tumbera”

Corrido el velo que destapó un escándalo de proporciones en la Unidad 9 de La Plata, luego del allanamiento dictado por la Justicia local en réplica a una denuncia de un grupo de internos que apuntó a la existencia de un presunto entramado organizado para recaudar dinero mediante aparentes coerciones, amenazas y actividades prohibidas, agravado por la supuesta anuencia de funcionarios del Servicio Penitenciario bonaerense, fuentes cercanas a la investigación indicaron que ahora el foco estará puesto en el resultado de los peritajes sobre todos elementos secuestrados durante la requisa, esto es teléfonos celulares, notebooks, computadoras, routers, dispositivos de almacenamiento y equipos de conexión a internet.

Tal como adelantó este diario en su edición anterior, luego del megaoperativo del viernes en el penal de la calle 76 entre 9 y 11, se intentará rearmar la cadena de responsabilidades, para lo cual serían claves los mensajes que podrían descubrirse entre los detenidos y el personal de la fuerza.

¿Qué se busca? Referencias escritas y/o gráficas que den cuenta de una venta o cobro de mercadería en el marco de las actividades ilícitas detalladas, traslados o medidas sancionatorias.

Cabe recordar que en la presentación se mencionó que varios reclusos conocidos como “limpieza” ejercerían el control total del pabellón número 16, sección “B”, destinado a alojar internos que tuvieron actividad en las fuerzas de seguridad y cayeron por “actos impropios” dentro del servicio.

Bajo ese mando, destacaron, se habrían instalado distintos “negocios” internos -como peluquería, venta de alimentos, cigarrillos y otros productos-, cuyos precios serían fijados de manera arbitraria y obligatoria.

Los internos, según la denuncia, se verían forzados a pagar por servicios básicos, permanencia en el sector e incluso por el uso de espacios comunes, bajo amenaza de traslados compulsivos o sanciones internas.

El sistema incluiría además mecanismos de recaudación periódica, como el cobro en cigarrillos o dinero virtual por “derecho de estadía”, acceso a visitas o utilización de instalaciones. También se describen situaciones de aprietes, agresiones físicas y presión psicológica contra quienes no cumplen con tales exigencias.

Había -de acuerdo a lo expuesto ante la Justicia- servicios de peluquería, repostería, rotisería, fabricación de pastas, gimnasio y spa.

Al parecer, quienes estaban detrás de esta “pyme tumbera” tenían línea directa con el exterior y, no se refirieron precisamente a los familiares de los internos, sino a algunos efectivos penitenciarios, que tendrían roles puntuales dentro del mecanismo ilegal.

Venta de medicamentos y sustancias estupefacientes, sería otra de las actividades desarrolladas en la Unidad 9.

Según los denunciantes, el esquema de “emprendimientos internos” cuenta con la siguiente lista de precios: cortes de cabello desde 4.000 mil pesos o tres paquetes de cigarrillos, que por unidad se consiguen a 3.000 pesos; venta de tortas y pastafrolas a 9.000 pesos; pizzas a 17.000 pesos y las gaseosas parecían bienes de lujo: 25.000 pesos.

Por su parte, por un sánguche de milanesa piden entre 15.000 y 16.000 pesos y por una porción de pastas frescas (ravioles o ñoquis), 15.000 pesos.

Todo se pagaría en efectivo, “puchos” o mediante billeteras virtuales.

Otra particularidad de la denuncia es el acápite referido al hidromasaje y sauna. Siempre a decir de la presentación, lo manejaría un empresario condenado por el asesinato de Diego Feinmann, hermano del reconocido periodista de Radio Mitre y A24.

“El spa” estaría instalado en un entrepiso, en el sector de los talleres.

Las llamadas telefónicas vía celular no se encuentran ausentes en esta increíble exposición, en la que se habla de un “call center con varios routers wifi (dispositivo que distribuye internet a múltiples aparatos para asegurar una red de datos), para ser conectados a celulares que no se hayan registrado para hacer estafas virtuales”.

El nivel de detalle de la denuncia refuerza la hipótesis de una organización aceitada. La causa continúa en etapa investigativa y por ahora no hay imputaciones formales.