Bahía Blanca: piden informes por la colonia Arrieta tras fallo y dudas en cesión

Un grupo de concejales presentó en las últimas horas un pedido de informes en Bahía Blanca para conocer el estado actual de la colonia Agustín de Arrieta, ubicada en Sierra de la Ventana y dependiente del Municipio, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en la cesión del predio realizada en 2023.

La iniciativa surge luego de un reciente fallo judicial que resultó favorable a la Municipalidad de Bahía Blanca en el marco de una demanda iniciada por la agrupación de scouts Fundemos, tras la rescisión de un comodato otorgado durante la gestión del entonces intendente Héctor Gay y posteriormente revocado por el actual jefe comunal Federico Susbielles.

En ese contexto, los ediles Emiliano Álvarez Porte (Pro), Fabiana Úngaro (Somos Bahía) y Carlos Alonso (LLA) solicitaron información sobre el estado del predio, la existencia de auditorías y el detalle de los bienes que permanecen en el lugar, además de indagar sobre subsidios otorgados y controles administrativos.

"Si bien la demanda de Fundemos fue rechazada, del análisis de la sentencia surgen diversos elementos que ameritan un análisis administrativo más profundo por parte del Departamento Ejecutivo, en tanto se describen circunstancias vinculadas a la cesión gratuita de un inmueble municipal, la ejecución de mejoras financiadas por terceros, la existencia de subsidios municipales asociados al predio y la presencia de inconsistencias en la documentación respaldatoria de gastos y erogaciones".

Los concejales también manifestaron sospechas sobre la posible declaración de gastos que no se habrían realizado y pidieron precisiones sobre subsidios otorgados durante 2023, que según registros oficiales incluyen dos pagos por 2,4 millones de pesos. Asimismo, requirieron detalles sobre los controles vinculados a las mejoras efectuadas en el predio, su financiamiento, registración y validación administrativa.

En el pedido, se señala además que en la sentencia judicial reciente surgen "inconsistencias documentales, financiamiento de mejoras y condiciones contractuales", y se consulta si se detectaron trámites que pudieran constituir delito y si se promovieron acciones penales para esclarecer los hechos.

Semanas atrás, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca rechazó la demanda presentada por Fundemos contra el municipio, en la que la organización reclamaba una indemnización por la rescisión anticipada del comodato de la colonia municipal.

La fundación había iniciado la acción judicial en diciembre de 2024, tras la revocación del acuerdo firmado a comienzos de ese mismo año, mediante el cual se le había cedido gratuitamente el uso del predio por 37 meses (desde febrero de 2023 hasta marzo de 2026) para desarrollar actividades recreativas y educativas vinculadas al movimiento scout.

Según la presentación judicial, Fundemos había realizado inversiones en el inmueble, como tareas de mantenimiento, pintura y compra de equipamiento, con la expectativa de utilizar el espacio durante todo el período acordado. La rescisión anticipada, sostuvieron, les generó un perjuicio económico al no poder amortizar esas mejoras.

Por su parte, el Municipio argumentó que el comodato era gratuito y que tanto la normativa vigente como el contrato establecían que los gastos de mantenimiento y mejoras debían ser afrontados por el comodatario. Además, indicó que el acuerdo contemplaba la posibilidad de rescindirlo por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

En su resolución, el juez determinó que las erogaciones realizadas por la fundación respondían a su propio interés para utilizar el predio y que no se acreditaron los requisitos necesarios para atribuir responsabilidad al Estado ni la existencia de un daño indemnizable.

En consecuencia, rechazó la demanda indemnizatoria y dispuso que las costas del proceso sean asumidas por la parte actora, dejando pendiente la regulación de honorarios. Tras la decisión, desde Fundemos apelaron el fallo, por lo que el caso continuará en instancias judiciales superiores.