El punto más relevante de la sentencia en favor de productores de Daireaux es que la Justicia avanzó sobre el corazón del tributo: la existencia real del servicio.
El juez estableció que una tasa solo puede cobrarse si existe una contraprestación específica, concreta y comprobable. En este caso, los informes técnicos mostraron caminos rurales en mal estado y posibles desvíos en el uso de los fondos.
Ese criterio puede ser replicado en otros municipios bonaerenses donde productores cuestionan la calidad del mantenimiento vial.
El riesgo para las comunas no se limita al cobro futuro. También podría abrirse una instancia de reclamos por devolución de importes ya abonados, con fuerte impacto sobre las cuentas públicas locales.
En paralelo, la avanzada legislativa de La Libertad Avanza en más de 100 distritos suma presión política sobre el esquema de tasas municipales.
La combinación entre precedente judicial y ofensiva política configura un escenario nuevo para intendentes y concejos deliberantes, especialmente en distritos con fuerte perfil agropecuario.
Si el criterio se consolida en instancias superiores, la discusión podría extenderse a otras tasas locales cuya contraprestación también sea cuestionada.
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