La médica del Propofol decidió romper el silencio

Delfina “Fini” Lanusse, la médica residente de anestesiología procesada en la denominada causa “Propofest”, realizó un breve descargo público desde su cuenta de TikTok luego de más de un mes del avance judicial en su contra y aseguró que confía en que su situación se esclarecerá con el tiempo.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Lanusse sostuvo que “las cosas se van a aclarar” y afirmó que la Justicia se encuentra trabajando en el caso.

Sin brindar detalles específicos sobre la acusación, explicó que por el momento no puede hacer declaraciones profundas, aunque remarcó su confianza en el proceso judicial.

La joven fue procesada junto al anestesista Hernán Boveri en una investigación que analiza el presunto robo de propofol del Hospital Italiano, sustancia que habría sido utilizada en encuentros privados conocidos mediáticamente como “Propofest”.

Además del procesamiento, la Justicia dispuso un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre sus bienes,

Mientras su defensa insiste en que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación y busca revertir las medidas judiciales, el caso continúa generando fuerte repercusión por la combinación de presuntas irregularidades médicas, consumo de sustancias controladas y la muerte de un anestesista vinculada al expediente.

La investigación sigue en curso y podría sumar nuevas definiciones en las próximas semanas.

En este sentido, la defensa enfatizó que no se identificaron fechas, lugares ni actos concretos de apoderamiento de insumos. También mencionó que el testimonio de la amiga de Lanusse, Chantal “Tati” Leclercq, refirió a situaciones privadas que se dieron por fuera del ámbito hospitalario, sin relación con los hechos investigados.

Por otro lado, desde el recurso presentado cuestionó el embargo al sostener que el monto “no tiene correlato” con los hechos ni con los rubros supuestamente afectados.

Asimismo, se señaló que el propio juzgado reconoció la imposibilidad de cuantificar el daño patrimonial y que el embargo “excede cualquier cálculo razonable” ante la inexistencia de perjudicado, diferencias de stock o informes anómalos.

Según la apelación, el monto embargado supera en un 323 por ciento los valores de los insumos presuntamente involucrados, conforme a la información presentada por la defensa.