Nuevas dudas sobre el patrimonio de Adorni: investigan movimientos con criptomonedas no declarados

La situación judicial de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo. En el marco de la causa que investiga su patrimonio, la Justicia puso bajo análisis presuntos movimientos con criptomonedas realizados durante 2024 que, según trascendió, no habrían sido incorporados en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.

La información ya se encuentra en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes avanzan en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La pesquisa tomó impulso luego de que se levantara el secreto bancario y fiscal del funcionario y se comenzaran a rastrear posibles operaciones financieras vinculadas a activos digitales.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Clarín, los investigadores detectaron ingresos y egresos de fondos a través de criptomonedas durante el año pasado. Aunque el volumen de dinero y los activos involucrados permanecen bajo reserva, el eje de la sospecha pasa por la falta de registro de esos movimientos en la documentación patrimonial oficial.

Para reconstruir la ruta del dinero, la fiscalía requirió información a billeteras virtuales, plataformas financieras y exchanges de criptomonedas. Entre las firmas alcanzadas por los pedidos figuran entidades de pagos digitales y plataformas especializadas en activos como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y monedas estables como USDT.

Según la investigación, comenzaron a llegar reportes de más de veinte empresas del sector, entre ellas Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango, con el objetivo de determinar si Adorni o personas de su entorno operaron con este tipo de activos.

Uno de los puntos centrales es establecer si esos movimientos financieros debían estar consignados en la última declaración jurada presentada por el funcionario. Fuentes cercanas al expediente señalaron que, hasta el momento, no habría registros de esas operaciones dentro de la información patrimonial declarada.

La investigación también pone bajo la lupa otras operaciones económicas atribuidas al funcionario, entre ellas la compra y remodelación de inmuebles, presuntos pagos en efectivo y gastos vinculados a viajes al exterior.

Entre los bienes informados oficialmente, Adorni declaró ahorros en dólares, una cuenta bancaria en Estados Unidos y una hipoteca privada utilizada para la compra de una vivienda en un barrio cerrado. Sin embargo, el foco de la Justicia apunta a determinar si el nivel de gastos y adquisiciones guarda relación con los ingresos declarados como funcionario público.

En paralelo, el expediente incorpora testimonios y documentación vinculada a refacciones inmobiliarias, viajes internacionales y movimientos financieros que buscan reconstruir el origen y destino de los fondos utilizados en el último año.

Mientras avanza la causa, el funcionario sostuvo públicamente que toda la situación quedará aclarada cuando se conozca la próxima declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025. Además, aseguró que tiene la documentación respaldatoria de sus operaciones y negó irregularidades.

La fiscalía, por su parte, continúa reuniendo pruebas para establecer si existe correspondencia entre el patrimonio declarado, las inversiones realizadas y los gastos detectados durante la investigación.