El máximo tribunal deberá resolver una disputa de competencia entre distintos fueros que lleva ocho meses y que alcanza investigaciones sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Hay causas en la Justicia porteña, Federal, Penal Económica y de Campana.
La disputa judicial en torno a las investigaciones por presuntas maniobras de lavado de dinero y defraudación vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegará a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal deberá determinar qué fuero y qué juzgado tienen competencia para avanzar con distintos expedientes que involucran a la conducción de la entidad, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.
El conflicto se extiende desde hace aproximadamente ocho meses y atraviesa distintos tribunales. Una de las principales discusiones gira en torno al intento de concentrar las investigaciones en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. En ese marco, la Cámara Federal de Casación resolvió recientemente que una causa vinculada con la denominada “quinta de Pilar” pase a ese juzgado, una decisión que ahora podría ser revisada por la Corte.
La investigación sobre ese predio apunta a una propiedad de cinco hectáreas valuada en unos 25 millones de dólares y adquirida, según la hipótesis judicial, por la empresa Real Central. Durante un allanamiento se encontraron 45 vehículos de alta gama y colección, instalaciones de lujo, pileta, canchas y un haras. La Justicia analiza si el inmueble pudo haber sido adquirido mediante maniobras de lavado y si quienes figuran como titulares habrían actuado como testaferros. Hasta el momento, no hubo indagatorias en ese expediente.
El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, prepara un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema. El plazo para presentarlo vence el 31 de agosto. Uno de los puntos centrales será determinar si corresponde que la investigación continúe en Campana o en otra jurisdicción, teniendo en cuenta dónde se habrían realizado las operaciones vinculadas con los hechos investigados.
A este expediente se suma otra causa de alto impacto: la denuncia presentada por el empresario Guillermo Toffoni por un presunto desvío de unos 42 millones de dólares vinculados con contratos de la Selección Argentina y otros negocios internacionales. Según la hipótesis denunciada, esos fondos habrían sido canalizados a través de sociedades radicadas en Miami. El expediente se encuentra en manos del procurador general Eduardo Casal, quien deberá emitir un dictamen antes de que la Corte defina la competencia.
La discusión también involucra una investigación por presunta defraudación. Como este delito es, en principio, de competencia ordinaria y no federal, si se determina que los hechos se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires, la causa podría permanecer en la Justicia porteña. En ese escenario, uno de los expedientes continuaría bajo la órbita de la jueza Paula Petazzi.
En paralelo, otra causa por presunto lavado de activos vinculada con la AFA terminó en la Justicia Federal porteña. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero federal, donde quedó a cargo de la jueza María Servini. Esa investigación también tiene como denunciados a Tapia y Toviggino y analiza un supuesto circuito de dinero proveniente del exterior que habría terminado en Buenos Aires.
De esta manera, las investigaciones quedaron distribuidas entre distintos fueros y tribunales, mientras se multiplican los planteos para determinar quién debe intervenir en cada expediente. La decisión de la Corte Suprema podría ordenar ese mapa judicial y establecer el alcance de las competencias, aunque todavía resta definir si las distintas investigaciones deberán unificarse o continuar por separado.
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