Brasil se perfila como una alternativa al dominio de China en el estratégico mercado de las tierras raras, minerales indispensables para fabricar componentes electrónicos, motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de defensa. Con las segundas mayores reservas estimadas del mundo, atraviesa una carrera por atraer inversiones, aunque el avance de la minería genera preocupación por sus impactos ambientales y sociales.
Un análisis de permisos mineros de The Associated Press y Reporter Brasil revela la magnitud del interés. De las 2.727 solicitudes de exploración registradas hasta junio ante la Agencia Nacional de Minería, el 42% fue presentado por filiales de compañías extranjeras o empresas con participación internacional. Once de las 20 compañías con más pedidos tienen capital de Australia, Estados Unidos y Canadá. Más del 86% de las solicitudes fueron presentadas en los últimos tres años, incluidas 268 durante el primer semestre de 2026.
REDUCIR LA DEPENDENCIA DE CHINA
El salto de inversiones responde a la búsqueda de Occidente de reducir su dependencia de China. Las tierras raras son esenciales para producir imanes, baterías y equipos automotrices, médicos, robóticos y militares. La Agencia Internacional de la Energía estimó que la demanda podría al menos triplicarse para 2040. La presión aumentó después de que Beijing restringiera sus exportaciones el año pasado en respuesta a los aranceles estadounidenses.
Estados Unidos avanzó con fuerza en Brasil y respaldó la expansión de Serra Verde, la única productora comercial de tierras raras del país. Recibió 565 millones de dólares de financiamiento estadounidense y USA Rare Earth anunció su compra por unos 2.800 millones de dólares, operación cerrada en junio. Serra Verde es además el único productor fuera de Asia con capacidad para suministrar neodimio, praseodimio, disprosio y terbio, elementos fundamentales para industrias como la automotriz, médica, de energías renovables, electrónica, robótica, defensa y aeroespacial.
Australia encabeza la carrera inversora, con 695 solicitudes, seguida por Estados Unidos, con 347. Entre los principales actores aparece Aclara Resources, que desarrolla un proyecto en Goiás con financiamiento estadounidense. La empresa sostiene que no realizará actividades mineras dentro de una comunidad afrobrasileña que inicialmente se superponía con sus concesiones, pero sus habitantes temen por el impacto sobre manantiales y fauna.
Ese caso refleja el principal dilema de Brasil. Al menos el 25% de las solicitudes de exploración se encuentra dentro de áreas que se superponen con 283 reservas protegidas y territorios indígenas o a menos de diez kilómetros de ellas. Los especialistas advierten que la minería puede provocar deforestación, contaminación y filtraciones de agua hacia ríos y lagos. También pueden liberarse sustancias tóxicas y residuos radiactivos, un riesgo especialmente sensible cerca de la Amazonia.
Desde el permiso de exploración hasta la producción comercial pueden pasar entre cinco y diez años, con estudios técnicos y evaluaciones ambientales. Los proyectos que afectan territorios indígenas deben contemplar consultas. Sin embargo, la creciente demanda ha impulsado propuestas para acelerar las autorizaciones. El gobierno de Lula analiza simplificar el licenciamiento ambiental para proyectos mineros estratégicos.
A la disputa económica se suma la geopolítica. Brasil mantiene vínculos con Estados Unidos, pero también profundizó su relación con China. Hasta junio, las compañías chinas no habían presentado solicitudes, aunque ya muestran interés. La estatal China Nonferrous Metal Mining Group adquirió Mineração Taboca y estudia el potencial de tierras raras en la Amazonia. Shenghe Resources Holding también firmó un acuerdo con empresas brasileñas para explorar oportunidades.
Brasil asegura que no tomará partido entre Washington y Beijing, pero tampoco quiere convertirse en proveedor de minerales en bruto. Sus reservas se estiman en 21 millones de toneladas métricas, frente a 44 millones de China. El verdadero problema es otro: China domina el procesamiento y la refinación.
Por eso, un proyecto de ley impulsado en el Congreso propone una política nacional sobre minerales críticos, prioridades de inversión y controles sobre la influencia extranjera. El legislador Zé Silva sostiene que las empresas internacionales son bienvenidas, pero deben transferir tecnología y desarrollar capacidad de procesamiento dentro de Brasil. Lula respaldó esa estrategia y aseguró que el país no permitirá que empresas extranjeras se lleven simplemente sus recursos.
La apuesta es transformar la riqueza mineral en empleos, tecnología e industria local. Brasil tiene la oportunidad de convertirse en una pieza clave de la nueva geopolítica de las tierras raras, pero deberá atraer capital para competir con China sin pagar por esa carrera un precio ambiental demasiado alto.
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