A partir del 1 de julio comenzó una nueva etapa del sistema de concesiones viales en corredores que atraviesan la provincia de Buenos Aires y La Pampa, luego de la firma de los contratos correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones.
Las empresas Corredor Vial 5 SAU y Rutas Sur Atlántico SA asumieron la explotación, administración y mantenimiento de un total de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas, tareas que hasta ahora estaban a cargo de Corredores Viales S.A.
El denominado Tramo Pampa comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján y el empalme con la Ruta Nacional 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur abarca 1.325,17 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Desde la Dirección Nacional de Vialidad señalaron que estos corredores son “fundamentales para la conectividad regional, el transporte de cargas, la actividad productiva y el turismo”.
El organismo explicó además que la Red Federal de Concesiones funcionará bajo “un esquema de inversión 100 % privada”, en el que las empresas financiarán las obras y el mantenimiento previstos en los contratos, mientras que Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad.
El nuevo modelo reemplaza al sistema anterior, que requería aportes del Estado nacional para su funcionamiento y, según el organismo, busca promover “una gestión más eficiente de la infraestructura vial”.
El proceso estuvo acompañado por la controversia generada tras la exclusión de AUBASA de la licitación. La empresa provincial había presentado una oferta para administrar los corredores, pero el Ministerio de Economía de la Nación la desestimó al considerar que no cumplía con los requisitos técnicos establecidos.
Desde el Gobierno bonaerense cuestionaron esa decisión y sostuvieron que durante el proceso se modificaron los pliegos para impedir la participación de la empresa provincial. Sin embargo, la impugnación fue rechazada y las concesiones quedaron finalmente adjudicadas a las firmas privadas.
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