En la Argentina, el sistema tributario sigue siendo uno de los más complejos de la región, con 150 gravámenes vigentes entre impuestos, tasas y contribuciones. Según un informe de la Fundación Libertad y Progreso, el único avance se dio a nivel nacional, con una baja de 45 a 40 gravámenes, tras la sanción de la Ley de Modernización Laboral, que incluyó un capítulo sobre ese tema.
La depuración nacional incluyó la eliminación de tributos sobre autos, objetos suntuarios, seguros, celulares y embarcaciones de recreo o deportivas. El contraste con provincias y municipios es notorio: estos niveles concentran 110 de los 150 tributos -el 73% del total- y no solo no redujeron la cantidad, sino que la incrementaron.
LOS MÁS DISTORSIVOS
No obstante, profundizar la baja en todos los niveles de forma sostenible demandaría más de una década, según un trabajo del Ieral de la Fundación Mediterránea. El estudio analizó cuánto se tardaría en eliminar aquellos que más afectan la competitividad: retenciones, impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales sobre ventas.
La conclusión es que, para no poner en riesgo el equilibrio fiscal, la estrategia más viable sería reducir primero el gasto público. Sin embargo, el margen para nuevos recortes es cada vez más limitado, sobre todo por el peso del gasto previsional.
Por lo tanto, como viene diciendo el Gobierno, la baja estaría directamente relacionada con el aumento del superávit.
PLAZOS EN DÉCADAS
Una simulación con un crecimiento económico sostenido del 3,3% anual -algo inédito en la historia reciente argentina- indica que harían falta 11 años en total para compensar la eliminación de retenciones e impuesto al cheque a nivel nacional.
Si se prioriza eliminar primero las retenciones, los productores agropecuarios deberían esperar casi 4 años, mientras liberar las transferencias bancarias de impuestos demandaría otros 7 años.
En el plano provincial, el desafío es aún mayor: congelando el gasto y destinando todo el aumento de coparticipación a compensar la baja de Ingresos Brutos y Sellos, se necesitarían 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 en Córdoba y casi 20 en la provincia de Buenos Aires.
El informe concluye que la austeridad fiscal sola no alcanza: se necesita una reforma tributaria profunda, como avanzar hacia un esquema de “Súper IVA” que unifique IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales en un tributo más neutral y fácil de controlar.
El informe de Libertad y Progreso detalla que, además de suprimir los cinco tributos internos sobre automotores, objetos suntuarios, seguros, celulares y embarcaciones de recreo o deportivas, el Gobierno nacional eliminó el Impuesto PAIS y avanzó en la reducción de derechos de exportación y aranceles de importación. Estas medidas buscan aliviar los costos sobre exportaciones, importaciones, inversión y consumo.
A pesar de la reducción, la Argentina todavía tiene 150 impuestos vigentes, solo seis explican el 85% de la recaudación total: el IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto al cheque, el impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos y la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene municipal (TISH). Si se suman los tres siguientes en importancia, se alcanza el 94% de la recaudación. Entre los diez principales, siete son nacionales, uno provincial y dos municipales.
Entre los tributos provinciales, Ingresos Brutos es señalado como uno de los más distorsivos. A diferencia del IVA, que grava solo el valor agregado, este impuesto se aplica en cascada: cobra impuesto sobre impuesto en cada etapa de la cadena productiva, sin posibilidad de descontar lo ya pagado. Así, las cadenas más largas terminan pagando proporcionalmente más, no por generar más valor, sino por tener más eslabones.
“La Nación está haciendo un esfuerzo grande para poder disminuir la cantidad de impuestos, sería bueno que las provincias y los municipios acompañen ese esfuerzo”, sostuvo el economista jefe de la fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky.
SUSCRIBITE a esta promo especial