El gobierno de Donald Trump quedó envuelto en una nueva polémica luego de que el Departamento de Justicia emitiera citaciones judiciales contra varios periodistas del New York Times por la publicación de informes vinculados al nuevo Air Force One.
Según informó el propio diario, las citaciones buscan obligar a los reporteros a declarar ante un gran jurado federal en Manhattan en el marco de una investigación por supuestas filtraciones de información clasificada. Incluso, algunos de los periodistas habrían recibido las notificaciones en sus domicilios por parte de agentes federales.
Entre los citados figuran Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, todos involucrados en la cobertura sobre las condiciones de seguridad del avión presidencial.
Dudas sobre el
nuevo Air Force One
La controversia surgió después de que el periódico publicara una serie de artículos en los que se advertía sobre posibles carencias en los sistemas de protección de la nueva aeronave, un avión obsequiado por Qatar y posteriormente sometido a una modernización valuada en unos 400 millones de dólares.
Las versiones cobraron fuerza luego de que Trump utilizara un Air Force One más antiguo para abandonar la reciente cumbre de la OTAN en Turquía, en medio de las crecientes tensiones con Irán.
De acuerdo con las fuentes citadas por el diario, el cambio habría sido recomendado por el Servicio Secreto debido a la falta de algunos sistemas avanzados de defensa, entre ellos capacidades antimisiles presentes en la aeronave anterior.
Sin embargo, Trump rechazó esas afirmaciones y aseguró que la escala realizada en la base británica de Mildenhall respondió únicamente a razones protocolares.
Fuerte rechazo de organizaciones periodísticas
La decisión de citar a periodistas generó una inmediata reacción de organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa.
David McCraw, abogado de The New York Times, sostuvo que la presencia de agentes federales en las viviendas de reporteros “debería escandalizar a cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa”.
Por su parte, Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, consideró que la medida representa un nuevo capítulo en la “guerra contra la prensa” impulsada por Trump.
Distintos sectores advirtieron además que obligar a periodistas a revelar información o eventuales fuentes constituye una ruptura con una práctica histórica del Departamento de Justicia, que tradicionalmente recurrió a este tipo de herramientas sólo como último recurso.
La defensa del Gobierno
Desde el Departamento de Justicia aseguraron que los periodistas no son el objetivo de la investigación y señalaron que las pesquisas apuntan a identificar a quienes filtraron información clasificada.
“Valoramos el importante papel que desempeña la prensa, pero también debemos garantizar que quienes tienen acceso a secretos de Estado no divulguen información sensible que pueda afectar la seguridad nacional”, indicaron desde la cartera.
El organismo reconoció la existencia de una “tensión natural” entre la protección de la seguridad nacional y la libertad de prensa, aunque remarcó que continuará investigando las filtraciones.
Un nuevo frente de conflicto con los medios
Las citaciones se inscriben en un contexto de creciente confrontación entre Donald Trump y los principales medios estadounidenses.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano intensificó sus cuestionamientos hacia organizaciones periodísticas a las que acusa de mantener una cobertura hostil hacia su administración.
En los últimos meses, el Departamento de Justicia también había emitido citaciones contra periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal, aunque posteriormente esas medidas fueron retiradas.
Además, en abril de 2025 la entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi, dejó sin efecto una política implementada durante la administración de Joe Biden que limitaba las investigaciones sobre periodistas en casos de filtraciones.
Para organizaciones de defensa de la libertad de expresión, la nueva ofensiva representa una escalada en la presión del gobierno sobre los medios de comunicación y reabre el debate sobre los límites entre la protección de la seguridad nacional y el derecho de la prensa a informar.
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