El Gobierno Nacional ratificó su rumbo tendiente a la liberalización económica e insiste con la idea de desregular el mercado inmobiliario a través de un nuevo proyecto de ley que enviará al Congreso de la Nación. La iniciativa busca eliminar intermediaciones obligatorias y flexibilizar las condiciones de contratación, bajo la premisa de que una mayor competencia y la reducción de trabas burocráticas dinamizarán las transacciones de compraventa y alquileres.
El anuncio oficial generó un inmediato y unánime rechazo en los colegios profesionales del sector y en las principales firmas de la región de La Plata. Referentes locales consultados por este diario manifestaron su profunda preocupación ante lo que consideran un avasallamiento del ejercicio profesional matriculado. Además de oponerse conceptualmente a la desregulación, los especialistas esgrimieron un argumento legal de peso: advierten que una normativa de orden nacional carecería de impacto real e inmediato en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
Según explicaron, las provincias conservan la facultad de regular el poder de policía sobre las profesiones liberales y la matriculación, el cual es delegado en los colegios de martilleros provinciales. El marco de la Ley bonaerense 10.973 sigue vigente para blindar la actividad local.
En sintonía con este freno jurisdiccional, en el ámbito inmobiliario platense recuerdan que el debate ya tuvo un capítulo en el plano local. Un legislador provincial alineado con el signo político del Gobierno Nacional había planteado la posibilidad de replicar este modelo desregulador en la provincia mediante un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense.
La iniciativa pretendía flexibilizar las exigencias de matriculación en territorio Provincial, pero tras recibir el rechazo del sector y carecer del consenso político, el legislador decidió retirar el proyecto el mes pasado.
Para los operadores locales, el mercado inmobiliario actual no requiere de desregulación. Sostienen que eso pondría en riesgo la seguridad jurídica de las operaciones.
Afirman que la intermediación de martilleros y corredores públicos matriculados garantiza la transparencia en las operaciones en especie, las cuentas CERA (blanqueo de capitales) y los contratos tradicionales, por lo que desmantelar estas estructuras profesionales solo sumaría incertidumbre a un mercado que procesa sus propios mecanismos de reactivación.
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