La causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculada hasta el momento a 90 fallecimientos, sumó un nuevo capítulo. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso el secreto de sumario tras un pedido de la fiscal María Laura Roteta, quien impulsa nuevas medidas de prueba para profundizar la pesquisa sobre el accionar de los organismos encargados de controlar la producción de medicamentos.
El foco de la investigación ya no está puesto únicamente en los responsables de los laboratorios involucrados, sino también en funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). La hipótesis que analiza la fiscalía es que pudo haber existido negligencia o incluso algún grado de connivencia entre los empresarios y quienes debían fiscalizar el cumplimiento de las normas sanitarias.
El expediente ya cuenta con 13 personas procesadas y reúne indicios que apuntan a presuntas fallas en los mecanismos de control estatal. En particular, se investiga si los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, lograron operar pese a incumplimientos en las Buenas Prácticas de Manufactura, sin recibir las sanciones o inspecciones correspondientes.
La decisión de Kreplak sorprendió porque se esperaba que la fiscal Roteta presentara su dictamen una vez finalizada la feria judicial. Sin embargo, el avance de la investigación aceleró los tiempos y motivó la adopción del secreto de sumario para preservar las nuevas medidas de prueba.
Durante el período bajo investigación, el INAME estaba dirigido por Gabriela Mantecón Fumado. En agosto de 2025, el Ministerio de Salud resolvió apartarla preventivamente del cargo mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. La decisión se produjo luego de que trascendieran cuestionamientos por demoras en las actuaciones frente a laboratorios que presentaban desvíos de calidad y no cumplían con las normas de fabricación.
Ese apartamiento se conoció pocas horas después de la detención de Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma, una de las empresas señaladas en la causa.
En paralelo, la ANMAT era conducida por Agustina Nélida Bisio, quien presentó su renuncia a comienzos de este año. Aunque oficialmente argumentó motivos personales, desde el Gobierno atribuyeron su salida al desgaste provocado por la crisis sanitaria generada por el caso del fentanilo contaminado y sus consecuencias.
La fiscalía ya había dejado asentadas sus sospechas sobre el rol de los organismos de control en presentaciones anteriores. En un dictamen emitido en mayo de 2025, Roteta cuestionó la información suministrada por la ANMAT y advirtió sobre las responsabilidades que le cabían durante el período en el que se elaboró el fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes.
Además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colabora en la investigación, fue contundente al señalar las falencias detectadas. En uno de sus informes sostuvo que la tarea de control del Estado fue "ineficiente" y advirtió que las consecuencias de esa presunta negligencia, e incluso de una posible connivencia o complicidad, todavía no pueden dimensionarse por completo.
Con el secreto de sumario vigente, la investigación continuará bajo estricta reserva mientras la Justicia busca determinar si las fallas en los controles fueron producto de omisiones, negligencia o de una eventual participación de funcionarios en la maniobra que derivó en una de las mayores tragedias sanitarias de la Argentina.
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