El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se opuso a que la causa que investiga una presunta administración fraudulenta en el manejo de fondos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior pase al juzgado federal de Campana.
El dictamen fue presentado este martes ante la Corte Suprema de Justicia y, tras la opinión del jefe de los fiscales, ahora serán los jueces del máximo tribunal quienes deberán resolver la disputa de competencia y definir en qué fuero continuará la investigación iniciada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni.
El expediente involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; al tesorero Pablo Toviggino; y a la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
Según la denuncia, TourProdEnter LLC habría desviado fondos de la entidad en el exterior hacia otros destinos, entre ellos empresas presuntamente vinculadas con Toviggino.
El expediente había quedado inicialmente radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi. Sin embargo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamó la investigación.
El magistrado sostuvo que existía una conexión con la causa que investiga la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, que tramita en su juzgado, y planteó que ambos expedientes debían ser unificados. En concreto, consideró que de la presunta defraudación a la AFA podrían haber surgido los fondos utilizados para comprar esa propiedad.
Petazzi aceptó inicialmente el planteo y remitió la causa a Campana. Sin embargo, la Cámara del Crimen revocó esa decisión y ordenó que permaneciera en la Justicia de instrucción hasta que la Corte Suprema resolviera la contienda de competencia.
Antes de tomar una decisión, el máximo tribunal solicitó la opinión de Casal. Con el dictamen ya presentado, la definición quedó nuevamente en manos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En su dictamen, Casal consideró que la eventual conexión entre ambos expedientes no resulta suficiente para trasladar a la Justicia Federal una investigación que, por la naturaleza de los hechos, corresponde a otro fuero.
“La conexión entre ambos no basta para acordar la intervención de la justicia federal para conocer del primero del delito precedente cuando no corresponde por su materia o las personas, o su competencia específica”, sostuvo.
Además, señaló que “se debe separar el juzgamiento de los hechos de índole federal de aquellos de carácter común, cualquiera fuera la relación de conexidad que media entre sí”.
Casal también rechazó los argumentos utilizados para justificar la concentración de los expedientes. “No basta con acudir a expresiones como ‘comunidad probatoria’, ‘estrecha o íntima vinculación’, ‘mismo contexto delictivo’ o ‘riesgo de resoluciones contradictorias’ para colocar a un caso al margen de la regla de competencia claramente determinada para él”, afirmó.
Otra causa contra la AFA
El procurador general también dictaminó en otra controversia judicial vinculada con la AFA. Se trata de una segunda denuncia presentada por Tofoni, esta vez por presuntas irregularidades en los balances de la entidad.
El expediente había recaído en la Justicia en lo Penal Económico, que entendió que debía tramitar junto con la investigación por administración fraudulenta. Petazzi rechazó ese planteo y la disputa también llegó a la Corte.
En este caso, Casal consideró que la investigación debe quedar en la Justicia de instrucción porque las presuntas irregularidades en los balances estarían vinculadas con el manejo de los fondos de TourProdEnter LLC, una cuestión que ya formaba parte del expediente en manos de Petazzi. También señaló que ese juzgado cuenta con una competencia más amplia que el fuero Penal Económico.
La Corte tendrá la última palabra
El expediente por presunta administración fraudulenta es la primera causa vinculada con la AFA que llega al máximo tribunal, aunque no será la única.
La Corte también deberá intervenir en otras disputas relevantes relacionadas con la entidad, entre ellas su pretensión de trasladar la sede a Pilar y la definición sobre qué juzgado deberá investigar la mansión ubicada en esa localidad y atribuida a Toviggino.
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