Francia dio un paso histórico al aprobar el derecho a la muerte asistida, una de las reformas sociales más debatidas de los últimos años y una promesa del presidente Emmanuel Macron desde su reelección en 2022. La Asamblea Nacional dio luz verde definitiva al proyecto con 291 votos a favor y 241 en contra, aunque la norma todavía deberá superar el examen del Consejo Constitucional antes de entrar en vigor.
La iniciativa busca ofrecer una alternativa a pacientes adultos que padezcan enfermedades incurables y sufrimientos físicos considerados insoportables o resistentes a los tratamientos disponibles. Para acceder al procedimiento será indispensable que la persona pueda expresar su voluntad de manera libre, consciente e informada, además de cumplir una serie de estrictos requisitos médicos y legales.
El proceso contempla que un médico verifique que el paciente reúne las condiciones exigidas por la ley. Posteriormente, un comité evaluará el caso y será el profesional tratante quien tome la decisión final. Además, la persona podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. En principio, será el propio paciente quien se administre la sustancia letal, salvo que una limitación física se lo impida.
La aprobación fue celebrada por Macron, quien destacó que el debate se desarrolló con respeto y afirmó haber cumplido el compromiso asumido ante la ciudadanía. El respaldo provino principalmente de la coalición oficialista y de los partidos de izquierda, mientras que la derecha y la extrema derecha manifestaron su rechazo, aunque permitieron libertad de voto a sus legisladores debido a la sensibilidad del tema.
Durante la sesión parlamentaria se vivieron momentos de fuerte carga emocional. La diputada oficialista Brigitte Liso aseguró que la norma marcará un antes y un después en la historia del país. En contraste, el legislador Christophe Bentz, del partido Agrupación Nacional, pidió rechazar un proyecto que calificó como un “texto de muerte” y defendió la protección de la vida.
La Iglesia católica reaccionó con dureza y calificó la aprobación como “una ruptura grave en la historia” de Francia. Los obispos advirtieron que la legislación podría modificar profundamente la manera en que la sociedad entiende la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad y la enfermedad. A esas críticas se sumaron organizaciones provida, algunos científicos y colectivos de personas con discapacidad, que temen que los más frágiles puedan sentirse presionados a solicitar la eutanasia.
El camino hacia esta aprobación fue extenso y complejo. El proyecto había sido rechazado en tres oportunidades por el Senado, dominado por sectores conservadores, por lo que el Gobierno recurrió al mecanismo constitucional que permite a la Asamblea Nacional tener la última palabra.
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