La argentina detenida por tráfico de cocaína en Japón, Rosa Micaela Quipildor, tiene antecedentes penales. La mujer, de 30 años, fue arrestada el 10 de agosto en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, cuando las autoridades japonesas detectaron que llevaba casi un kilo de droga distribuido en 101 cápsulas dentro de su cuerpo. Pero su historia con el narcotráfico no comenzó en Japón: cuatro años antes había sido condenada en Argentina por intentar enviar cocaína a Asia.
En 2021, cuando tenía 26 años, Quipildor intentó despachar 388,42 gramos de cocaína desde una sucursal de FedEx en Buenos Aires. El paquete tenía como destino Bangkok, Tailandia. Meses después, en abril de 2022, realizó otros dos envíos desde una oficina de DHL Express. Uno contenía 532,52 gramos y el otro 440 gramos de cocaína, ambos destinados a Malasia.
La investigación avanzó hasta que, en noviembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 la declaró responsable de contrabando agravado de estupefacientes destinados a la comercialización, en grado de tentativa y reiterado en tres oportunidades. Quipildor había reconocido los hechos mediante un acuerdo de juicio abreviado.
Sin embargo, la condena estuvo marcada por las condiciones de vida de la mujer. Para entonces tenía tres hijos y había atravesado una historia personal signada por la precariedad. Fue madre por primera vez a los 15 años, abandonó la escuela secundaria y comenzó a trabajar para contribuir al sostén de su familia.
Vivía con su pareja y sus tres hijos en una vivienda alquilada de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Los ingresos del hogar provenían del trabajo de su pareja como remisero y de programas sociales. El dinero no alcanzaba y Quipildor retiraba alimentos tres veces por semana de un comedor comunitario. Un informe socioambiental incorporado a la causa describió su situación como de “riesgo alimentario” y señaló además hacinamiento y deficiencias sanitarias.
Esos antecedentes fueron considerados por la Justicia al determinar la pena. Aunque el delito contemplaba una condena mínima de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, el juez Diego García Berro consideró que aplicarla en su totalidad resultaba “desproporcionado” frente al grado de culpabilidad de Quipildor. También sostuvo que no era difícil advertir por qué una organización criminal podía haber recurrido a una persona en esas condiciones.
Finalmente, recibió tres años de prisión en suspenso, además de distintas inhabilitaciones y reglas de conducta. Debía fijar residencia, informar cualquier cambio de domicilio y someterse al control judicial durante el período establecido. Casi cuatro años después de aquella sentencia, Quipildor volvió a quedar vinculada con el tráfico de cocaína. Esta vez, según las autoridades japonesas, la droga no fue enviada en una encomienda: llegó con ella hasta Tokio.
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