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La funcionaria detenida por una millonaria estafa se negó a declarar

La fiscalía indagó a los tres detenidos por una presunta estructura de lavado que habría movilizado $27 mil millones en un año
La fiscal Lacki

Por Redacción

Los tres detenidos por la investigación que lleva adelante la fiscal Betina Lacki por una monumental maniobra con billeteras virtuales fueron indagados ayer. Solo uno de ellos decidió declarar: Ignacio Marchioni. Los otros dos, Albertina Mangini y Mauro Perrota, se ampararon en su derecho constitucional y guardaron silencio.

Marchioni, detenido en Quilmes, habría intentado explicar ante la fiscalía que su actividad estaba vinculada al corretaje y las inversiones. Sin embargo, esa explicación deberá ser contrastada con los movimientos financieros que forman parte de la investigación. Entre los elementos que llamaron la atención de los investigadores aparecen decenas de transferencias provenientes de distintas billeteras y un patrón particular que se repite en las operaciones: los montos terminados en “.12”.

Según fuentes vinculadas al expediente, uno de los puntos bajo análisis es precisamente cómo una actividad presentada como financiera o de corretaje pudo concentrar semejante cantidad de movimientos provenientes de cuentas que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían sido utilizadas para canalizar dinero de origen ilícito.

La indagatoria se produjo un día después de que trascendiera la dimensión de la pesquisa: los investigadores estiman que los involucrados habrían movilizado alrededor de 27 mil millones de pesos en un año. La causa intenta establecer ahora cuál fue el origen de ese dinero y quiénes participaron de las distintas etapas de la operatoria.

El expediente tiene además una particularidad que elevó el impacto institucional de la investigación. Entre los detenidos se encuentra Albertina Mangini, una funcionaria que pertenecería a la Procuración General bonaerense y, como informó EL DIA en exlusiva en su edición de ayer, fue capturada en La Plata. La mujer está acusada, provisoriamente, de asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes vinculados a la habitualidad y a la función que desempeñaba.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la funcionaria Mangini habría cumplido un papel en la captación de personas vulnerables, a quienes se les ofrecía dinero a cambio de sus datos personales y biométricos.

La pesquisa también alcanzó a Mauro Perrota, detenido en Mar del Plata, quien al igual que Mangini decidió no prestar declaración. Mientras tanto, la investigación continúa.

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