La investigación judicial por presunto lavado de dinero que salpica al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sumó un capítulo decisivo. En una resolución contundente, la Cámara en lo Penal Económico asestó un nuevo revés a los principales acusados al rechazar su intento de trasladar la disputa a la Cámara de Casación y exigir que el expediente sea remitido "con carácter de muy urgente" a la capital federal.
La medida busca destrabar una causa que lleva siete meses paralizada por una intensa pulseada por la competencia. El Tribunal ordenó al Juzgado Penal Económico Nº10, a cargo de la jueza Verónica Straccia, que reclame formalmente el envío de los cuerpos físicos del expediente a su colega de Campana, Adrián González Charbay, el magistrado del que los imputados pretendían depender.
El epicentro del escándalo es una imponente propiedad de cinco hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Valuada en unos 20 millones de dólares, cuenta con helipuerto, canchas de fútbol, pistas ecuestres, caballerizas y un galpón que albergaba una colección de 54 autos de alta gama.
Los titulares registrales del predio son Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte. Para la Justicia, ninguno de los dos cuenta con el perfil patrimonial ni el respaldo económico mínimo para justificar semejante adquisición, lo que alimenta la hipótesis de que actuaron como testaferros. Un indicio clave robustece la sospecha: los investigadores detectaron que los gastos de mantenimiento de la lujosa flota de vehículos se abonaban con una tarjeta corporativa de la AFA emitida a nombre del propio Pantano.
La trazabilidad de la empresa utilizada para la compra también encendió las alarmas. La sociedad se llamaba originalmente Central Parks Drinks S.R.L., poseía una actividad casi nula y un capital social de apenas $300.000. Sin embargo, el 16 de mayo de 2024 fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital se multiplicó de forma exponencial hasta alcanzar los 58 millones de pesos. Catorce días después, adquirieron la quinta.
Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio ya habían determinado el pasado 12 de junio que el caso debía radicarse en la Justicia porteña, especializada en delitos de lavado y evasión. Ante esto, la defensa de Pantano y Conte intentó apelar la mudanza del expediente argumentando una presunta "vulneración del juez natural", "ilegitimidad de la concentración capitalina" y supuestas "presiones mediáticas".
Sin embargo, los jueces desestimaron el planteo de forma tajante, calificando los argumentos de la defensa como "opiniones extrajurídicas sin peso técnico" y recordando que los conflictos de competencia no constituyen una sentencia definitiva. Con este rechazo, además de imponerles las costas del trámite, se les cerró la vía ordinaria de apelación.
A los acusados ahora sólo les queda la opción de interponer un recurso de queja directo ante la Cámara Federal de Casación Penal. No obstante, en Tribunales se analiza este eventual movimiento más como una "chicana dilatoria" que como una herramienta con posibilidades reales, por lo que la jueza Straccia se encamina a tomar el control absoluto para investigar, finalmente, el fondo de la maniobra de lavado.
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