Una modificación en la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires derivó en un conflicto judicial que involucra a los docentes extraprogramáticos y el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada del ámbito bonaerense.
Ese cambio establece que los aportes previsionales de esos trabajadores deben realizarse al Instituto de Previsión Social (IPS) y no a ANSeS, como viene sucediendo hasta el momento. Ante esta situación, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) expresó su rechazo y presentó un recurso ante la Justicia solicitando "la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial cuestionada y el dictado de medidas que resguarden la seguridad jurídica de las instituciones educativas asociadas".
“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSeS”, explicaron desde AIEPA.
Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar a unos 55.000 trabajadores, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas.
La entidad que nuclea a los establecimientos de gestión privada advirtió "que la medida tendría un impacto económico directo", ya que "por un lado, podría aumentar el costo laboral de las instituciones educativas, especialmente por la eventual pérdida o inaplicabilidad del régimen nacional diferencial de contribuciones patronales previsto para establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial", y "por otro lado, también podría afectar el ingreso de bolsillo de los trabajadores, ya que el aporte personal al régimen provincial resulta superior al previsto en el sistema nacional".
Además, remarcó que el cambio "podría generar consecuencias previsionales para el propio personal alcanzado. Muchos trabajadores poseen trayectorias laborales vinculadas al régimen nacional y, aun cuando comiencen a aportar al IPS, podrían no reunir en el futuro los años necesarios para acceder a una jubilación por el régimen provincial. En ese escenario, terminarían jubilándose por ANSeS, mientras que durante años sus aportes habrían sido derivados al sistema provincial".
Según se informó, la controversia adquirió mayor relevancia institucional luego de que el Gobierno nacional, a través del ministerio de Capital Humano, promovió una acción ante la Corte Suprema de Justicia contra la Provincia de Buenos Aires en la que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial cuestionada y el dictado de una medida cautelar para suspender su aplicación, algo que desde AIEPA consideran que "constituye un respaldo sustancial a la línea argumental que la entidad viene sosteniendo desde el inicio del conflicto, en tanto confirma que la cuestión no se limita a una discusión administrativa local, sino que involucra competencias nacionales, obligaciones previsionales vigentes, recursos de la seguridad social y el principio de supremacía normativa".
“La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado”, señalaron desde la entidad, que remarcó el pedido "que no se exija la implementación del traspaso a las escuelas, hasta tanto exista una definición judicial o normativa que otorgue certeza al sector educativo de gestión privada".
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