La disputa política entre el gobierno de Axel Kicillof y la Nación acaba de sumar un nuevo capítulo. Es que la administración de Javier Milei inició una demanda judicial contra la decisión de la Provincia de que unos 20 mil empleados de distintas empresas como ABSA y Aubasa, dejen de aportar al Anses y lo hagan desde este año al Instituto de Previsión Social (IPS).
El origen de la disputa se remonta hacia fines del año pasado cuando Kicillof, tal como informara en su momento este diario, incluyera en el proyecto de Presupuesto 2026 un artículo, el 59 de esa iniciativa, por el que los empleados de las empresas privadas con capital mayoritario provincial deben empezar a realizar aportes al organismo previsional de la Provincia.
La medida incluye, entre otros organismos, a ABSA (la empresa de agua y cloacas que presta el servicio en 95 municipios), Aubasa (la concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas a la Costa), Centrales de la Costa, la Ceamse (realiza la gestión de los residuos urbanos), Bagsa (la empresa de gas) y otras de energía. También, al personal docente extracurricular y no docente de establecimientos educativos privados reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
Sólo para tomar dimensión del impacto de la medida, en Aubasa trabajan alrededor de 1.500 operarios. En tanto, ABSA engloba a alrededor de 2.200.
De acuerdo a estimaciones no oficiales, el IPS terminaría por sumar cerca de 20 mil trabajadores que hasta el año pasado aportaban -y todavía lo siguen haciendo mientras se instrumenta la medida- al régimen nacional de Anses.
Pasados algunos meses, el gobierno de Javier Milei no se quedó de brazos cruzados y fue a la Justicia para que se ordene dar marcha atrás con el mencionado artículo del Presupuesto aprobado por la Legislatura.
La Nación presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Provincia y el IPS. Sostiene que la medida invade competencias federales, desfinancia a la Anses y genera un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios. Además, pidió una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma hasta que haya una sentencia definitiva.
El Estado nacional, a través de la Procuración del Tesoro y en representación del Ministerio de Capital Humano y de la Anses, presentó ante la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia y el IPS. El objetivo es que se declare inválido el artículo 59 de la ley provincial 15.557, incorporado al Presupuesto bonaerense 2026, por considerar que vulnera la Constitución Nacional y la legislación previsional vigente.
En paralelo, el Gobierno solicitó una medida cautelar para que la norma quede suspendida mientras la Corte resuelve el fondo de la cuestión, al considerar que su aplicación produciría consecuencias de difícil reparación.
El escrito sostiene que la Provincia excedió las facultades que le otorga la Constitución. Afirma que el Congreso Nacional ya reguló el régimen previsional mediante la Ley 24.241 y que todos los trabajadores del sector privado deben permanecer dentro del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), salvo excepciones expresamente previstas por la Constitución.
La presentación remarca que el artículo 125 de la Constitución solo permite a las provincias conservar organismos previsionales para empleados públicos y profesionales, por lo que considera inconstitucional incorporar trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo al sistema provincial.
Asimismo, sostiene que la reforma genera una “superposición de aportes” prohibida por el artículo 14 bis de la Constitución y afecta la sustentabilidad financiera del sistema nacional de jubilaciones.
Uno de los ejes centrales de la demanda es el eventual perjuicio económico para la Anses. Según el Estado nacional, si miles de trabajadores dejan de aportar al SIPA, el organismo perderá recursos, aunque seguirá obligado a financiar prestaciones previsionales y otros beneficios de la seguridad social.
INCERTIDUMBRE
La presentación también advierte que el cambio podría generar incertidumbre sobre futuras jubilaciones, liquidaciones de haberes y registraciones previsionales, además de afectar la estabilidad del sistema de reparto nacional.
Como parte de la demanda, la Nación incorporó distintas disposiciones dictadas por el IPS para poner en marcha la reforma. Según el escrito, el organismo ya reglamentó el alta de nuevos empleadores, fijó procedimientos para la liquidación de aportes y prorrogó los plazos de implementación debido a dificultades técnicas e informáticas.
También menciona una presentación realizada por el propio IPS ante ARCA (ex AFIP), en la que solicita precisiones sobre el mecanismo para que los empleadores dejen de aportar al SIPA y comiencen a hacerlo al régimen bonaerense, lo que para la Nación demuestra que la aplicación de la ley es inminente.
El Gobierno nacional recuerda que la Corte Suprema ya intervino en conflictos similares. En particular, menciona el precedente “Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés”, en el que el máximo tribunal declaró inconstitucional una norma bonaerense que pretendía incorporar al IPS a trabajadores de establecimientos educativos privados, al entender que debían permanecer bajo el régimen previsional nacional.
Con esos antecedentes, la Nación solicita que la Corte vuelva a pronunciarse y declare la invalidez de la reforma impulsada por la Provincia.
La Corte Suprema deberá determinar si la Provincia puede ampliar el alcance de su sistema previsional e incorporar trabajadores que actualmente realizan aportes al régimen nacional o si, como sostiene la Nación, esa decisión invade competencias federales y contradice la Constitución.
Mientras se resuelve el fondo del litigio, el Estado nacional insiste en que la aplicación de la ley quede suspendida para evitar el traspaso de aportes y preservar el funcionamiento del sistema previsional administrado por la ANSES.
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