El fallo de la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y frenó la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años, abrió una fuerte polémica en la Legislatura bonaerense. Según anticiparon desde el bloque provincial de La Libertad Avanza (LLA), avanzarán con un pedido de juicio político contra la magistrada por considerar que su decisión “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”.
En ese sentido, el titular del partido libertario en la Provincia, Sebastián Pareja, consideró que Pascual “es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”.
Para el diputado nacional, la jueza apuntada “actúa como un peón del Gobernador” y “no cumple con las características básicas que debe reunir un juez”.
QUÉ DECÍA EL FALLO
El lunes, apenas 48 horas después de que comenzara a regir la nueva Ley Penal Juvenil, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora suspendió la normativa haciendo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo (cuyo presidente es el sacerdote José “Pepe” María Di Paola) en representación de adolescentes privados de su libertad.
En su fallo, la jueza puso el foco en la capacidad e infraestructura de la Provincia para afrontar el cambio en la normativa que aprobó el Congreso hace más de seis meses. “Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia”, advirtió.
Para justificar la medida, el tribunal tomó como referencia las inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde previamente se debió establecer un límite máximo de 60 adolescentes alojados por no cumplirse los estándares mínimos.
”El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”, remarcó el fallo.
Con ese argumento Pascual, que fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde, resolvió aplazar por 60 días la aplicación de la ley 27.801 y fijar una audiencia para el 16 de septiembre para que funcionarios del Ejecutivo bonaerense informen sobre los avances en materia penal.
CRÍTICAS LIBERTARIAS
Según Pareja, la jueza privilegió “una mirada política frente a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso de la Nación”.
En la misma línea, el presidente del bloque de senadores de LLA en la Provincia, Carlos Curestis, enfatizó que “esta decisión deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente. La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”.
También el titular del bloque de diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, criticó: “Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”.
Más allá del ámbito legislativo, la jueza Pascual fue denunciada por los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad por la asociación civil Usina de Justicia. La presentación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 18 de Lomas de Zamora, con intervención del Juzgado de Garantías N °4.
Además, fiscales de distintos departamentos judiciales de la Provincia desafiaron la decisión de la magistrada y anticiparon que aplicarán el nuevo régimen penal juvenil.
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