La jueza Marcela Garmendia ordenó frenar loteos ilegales y cuestionó con dureza la actuación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Es en la causa que investiga la presunta existencia de una asociación ilícita inmobiliaria, dedicada a la millonaria comercialización de emprendimientos urbanos irregulares en la Ciudad, que estaría integrada por ex funcionarios municipales y empresarios del rubro.
La magistrada, en su decisorio, dispuso el cese inmediato de las obras en emprendimientos inmobiliarios denunciados por la Municipalidad de La Plata en octubre de 2024 y, en la misma resolución, criticó la falta de impulso de la causa por parte del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y la demora en la imputación formal de los denunciados.
Lamagistrada ordenó así el cese inmediato de toda actividad de construcción, movimiento de suelo, apertura de calles e infraestructura en 10 emprendimientos inmobiliarios ilegales.
Si bien el objeto central de la resolución era resolver un pedido de medidas cautelares presentado por la Municipalidad de La Plata, la magistrada dedicó siete de las diecisiete páginas del fallo a analizar el desarrollo de la investigación y a cuestionar el “no accionar” del titular de la UFI 16.
Allí sostuvo que la instrucción presenta demoras injustificadas, escaso impulso investigativo, ausencia de medidas para detener las maniobras ilegales denunciadas y la falta de conducción de la pesquisa por parte del fiscal.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de avances concretos en la causa principal. Garmendia advirtió que, “al día de la fecha y pese a haber transcurrido casi dos años de su inicio, no se ha producido auto de mérito alguno” en una clara alusión a la falta de imputación de los denunciados.
Otro de los cuestionamientos apunta al modo en que el fiscal respondió al pedido de medidas cautelares presentado por la Municipalidad. Según la resolución, Condomí Alcorta remitió la solicitud al juzgado “sin precisar las medidas cautelares que entiende procedentes y adecuadas en cada caso, como tampoco producir medidas investigativas previas (...) ni aportar fundamentación propia en su rol de director de la investigación”.
La resolución también cuestiona la decisión del fiscal de tramitar por vías separadas las diversas denuncias realizadas por el Municipio amén de la conexidad de las mismas.
Pese a tratarse de una investigación “amplía y compleja” como bien calificara la magistrada, el fiscal no dispuso la acumulación de los expedientes como bien había solicitado en más de una oportunidad el Municipio.
Ante dicha situación la Magistrada dispuso la acumulación que debería haber realizado el fiscal.
La Municipalidad de La Plata es la impulsora de la causa penal de los loteos irregulares
En el fallo, la jueza dejó en claro que sus cuestionamientos a la fiscalía no fueron una valoración subjetiva, sino el cumplimiento de una obligación legal. Explicó que su función como jueza de garantías es controlar que la investigación se desarrolle respetando la ley y, por ese motivo, consideró necesario marcar las irregularidades detectadas en la actuación del fiscal.
En ese sentido, sostuvo: “Entiendo que el análisis precedente constituye una exigencia del control de legalidad de la investigación, que debo cumplir en mi rol de Jueza Garante”.
IMPACTO SOCIAL
La investigación judicial involucra una problemática de enorme magnitud para la Ciudad. El relevamiento integral realizado por la Municipalidad de La Plata identificó 435 barrios y proyectos de loteo ilegales o irregulares, que abarcan aproximadamente 3.380 hectáreas, con 6.876 viviendas ya construidas y una capacidad potencial de más de 32.800 parcelas, que hubieran alojado a alrededor de 165.000 personas de haberse consolidado plenamente.
Frente a esa realidad, miles de familias adquirieron de buena fe supuestos “lotes” que, en numerosos casos, constituían únicamente porcentajes indivisos de parcelas rurales o inmuebles que nunca reunieron las condiciones legales para ser subdivididos, escriturados o urbanizados. Esa situación generó un grave perjuicio patrimonial y una profunda incertidumbre jurídica para quienes invirtieron los ahorros de toda una vida creyendo acceder legítimamente a una vivienda.
A ello se suma que una parte sustancial de esos emprendimientos se desarrolló en ámbitos donde la urbanización resultaba incompatible con las condiciones territoriales y ambientales. Del total de casos relevados, 254 barrios se localizaron sobre áreas con peligrosidad hídrica media o alta, mientras que muchos otros se implantaron sin infraestructura básica, sin redes de agua potable, cloacas, desagües pluviales, energía eléctrica, transporte público, equipamiento educativo o sanitario suficiente.
La comercialización de parcelas sin aptitud urbanística ni autorización administrativa involucró a desarrolladores, intermediarios, profesionales y otros actores que ofrecieron como lotes urbanizables inmuebles que carecían de las condiciones legales para ello.
Precisamente por ello, el Programa Municipal para el Tratamiento Administrativo de Loteos Ilegales e Irregulares estableció un abordaje caso por caso, permitiendo la continuidad únicamente de aquellos emprendimientos cuyo grado de consolidación e irreversibilidad territorial hacía inviable su restauración, e impidiendo la consolidación de aquellos desarrollos cuya permanencia profundizaría daños sociales, territoriales y ambientales.
El avance de la investigación judicial constituye, en ese marco, un paso fundamental para proteger a las familias afectadas, resguardar el ordenamiento territorial y evitar que prácticas ilegales continúen generando nuevos perjuicios para la comunidad.
LOS INVESTIGADOS
Entre los imputados figuran el ex intendente Julio César Garro; María José Botta; Marcelo Genoro; Luis Estaban Barbier; Ariel Fabián Bordigoni; Cecilia Mayochi; Leandro Arrechea; Facundo Dadín; Nahuel Julián Paradela; Melisa Soledad Bonfiglio: Luis Ernesto Bianchi y María Eugenia Castillo.
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