Estados Unidos atraviesa una nueva etapa de su ofensiva contra la inmigración irregular, con un aumento de los arrestos y un cambio en las formas de actuar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La agencia detuvo en julio a 43.295 migrantes, según datos compartidos con el Congreso, la cifra mensual más alta desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El registro superó el máximo anterior, de 39.563 arrestos, alcanzado en junio.
El ritmo todavía está por debajo del objetivo de 2.000 detenciones diarias fijado por la administración Trump, pero la presión para elevar las cifras llevó a ICE a diversificar sus operativos. La estrategia ya no se concentra únicamente en grandes redadas: los agentes realizan acciones más discretas y descentralizadas y aumentaron especialmente los controles en aeropuertos, considerados lugares más seguros para intervenir.
En los últimos dos meses, los arrestos diarios en aeropuertos pasaron de menos de diez a entre 20 y 40, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La modalidad generó preocupación entre los migrantes y también abrió una disputa con las aerolíneas, que manifestaron reparos ante el intento de intensificar los controles en las terminales.
A esto se suma otro factor que dejó a millones de extranjeros en una situación vulnerable: la acumulación de trámites migratorios. Los procesos para obtener ciudadanía, residencia permanente o permisos de trabajo se ralentizaron y las solicitudes pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) llegaron a 7,5 millones, un récord. Si se incorporan los casos de asilo y otras solicitudes de permanencia por razones humanitarias, el número supera los 12,1 millones.
Los retrasos generan un extenso limbo migratorio. Personas que esperan una decisión oficial sobre su situación pueden quedar expuestas a una detención de ICE mientras sus expedientes continúan pendientes. Para especialistas en inmigración, la administración Trump está impulsando una transformación integral del sistema, combinando una política más agresiva de control con una mayor demora en los procesos de regularización.
LA OFENSIVA ALCANZA A ARGENTINOS
Los efectos de esta ofensiva también alcanzan a argentinos. En junio, una joven que reside en Estados Unidos desde hace cuatro años fue detenida por agentes de ICE mientras conducía hacia su trabajo en una pequeña localidad costera de Florida. Presentó su número de identificación fiscal y su licencia de conducir estadounidense, pero los agentes detectaron una irregularidad en su situación migratoria y la arrestaron.
Aunque intentó acogerse rápidamente a la autodeportación, un mecanismo promovido por el DHS para que los migrantes irregulares abandonen el país por sus propios medios, comenzó un recorrido por centros de detención de distintos estados. Casi dos meses después, continúa a la espera de regresar a la Argentina y reencontrarse con su familia. Su identidad permanece protegida porque sigue detenida y atraviesa un proceso de deportación.
Otro caso es el de Iliana Lick, una argentina de 30 años que vivía desde 2024 en Filadelfia y trabajaba como niñera. El 11 de julio fue arrestada en el aeropuerto de esa ciudad, cuando estaba por viajar con amigos a Kansas City para asistir a un partido del seleccionado argentino. Permanece en un centro de procesamiento de Nuevo México y, tras una audiencia, obtuvo la posibilidad de recuperar la libertad bajo una fianza de 10.000 dólares.
También se conoció el caso de Matías Pourrain, un futbolista argentino de 34 años que juega en una liga local. Fue detenido por agentes de ICE en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Los Ángeles.
Los casos muestran cómo los aeropuertos se convirtieron en un nuevo escenario de la política migratoria estadounidense. Para quienes están en situación irregular o esperan resolver un trámite, viajar dentro del país dejó de ser una actividad rutinaria. Mientras ICE busca elevar los arrestos y cumplir las metas establecidas por la Casa Blanca, millones de personas permanecen a la espera de una respuesta administrativa que puede definir si continúan viviendo en Estados Unidos o deben abandonarlo.
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