El Gobierno de Javier Milei ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que planea enviar al Congreso y que, entre otras iniciativas sensibles, propone habilitar la comercialización de medicamentos de venta libre en góndolas de supermercados y otros locales, además de ampliar la compra online con envío a domicilio.
Hoy, salvo la empresa Farmacity -que cuenta con un amparo judicial que la habilita a operar de otra manera-, la venta de artículos medicinales está restringida a farmacias y con supervisión de un farmacéutico. Parte de esta apertura ya había sido dispuesta por el DNU 70/23, pero distintas entidades del sector lograron frenarla parcialmente con medidas cautelares. Ahora, el oficialismo busca darle sustento legal a través de un proyecto de ley elaborardo por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y que está a la espera de la firma de Javier Milei para finalmente ser girado al Congreso.
MÁS DESREGULACIÓN
La iniciativa no se limita a la industria farmacéutica. También impulsa la eliminación del precio uniforme de los libros, de modo que cada librería pueda fijar libremente el valor de una misma obra y ofrecer descuentos sin las restricciones actuales. En otro orden, la medida busca desregular el comercio de garrafas de gas licuado: el Estado dejaría de fijar precios, márgenes y cupos, y su rol se reduciría a controlar la seguridad técnica.
Un capítulo aparte está dedicado al sistema financiero: el proyecto digitaliza los regímenes de prendas y warrants, con el objetivo de digitalizar las garantías utilizadas para acceder al crédito. La novedad principal es que habilita el uso de criptomonedas como garantía de obligaciones, incorpora contratos inteligentes y firmas digitales.
El paquete alcanza además al campo, al derogar la ley de arrendamientos rurales, que hoy fija plazos mínimos y condiciones obligatorias. De aprobarse, propietarios y productores podrían pactar libremente plazo, precio y forma de pago.
En materia de transporte, el Gobierno busca reflotar por ley parte del DNU 340/2025 (rechazado por el Congreso) para permitir que buques extranjeros realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios, con incorporación progresiva de tripulación argentina.
También se prevé abrir el mercado inmobiliario, al eliminar la exigencia de título universitario y matrícula profesional para actuar como corredor o martillero. Esto permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.
El texto redefine además las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que dejaría de controlar el proceso de elaboración del vino para concentrarse en verificar la genuinidad del producto final, y dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina, cuyas funciones pasarían al propio organismo.
Por otro lado, elimina la obligación general de presentar traducciones certificadas por traductores públicos matriculados ante la administración nacional, salvo excepciones que fije la reglamentación.
Por último, establece que las cooperativas con excedentes anuales superiores a 500 millones de pesos deberán pagar Ganancias.
En el Gobierno, en tanto, negaron que el anteproyecto de ley incluya una solicitud de “seis meses de facultades delegadas” para avanzar con las nuevas desregulaciones por decreto, tal como se leía en un borrador que circuló en ámbitos legislativos.
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