Tal vez en su peor momento de ponderación social, según dicen las encuestas que se conocen, el gobierno libertario ha insistido en batallas políticas que no puede ganar. Y que por eso mismo son derrotas que le restan mucho en términos de capital simbólico.
Es lo contrario de lo que logró cuando obtuvo, por ejemplo, aquella polémica y reformista Ley Bases o la más reciente reforma laboral, un hito legislativo porque fue la primera reforma más o menos seria -aun con concesiones a los gremios- en, digamos, medio siglo.
Ahora, por presión de los bloques aliados y para evitar que se caiga el proyecto llamado de inviolabilidad de la propiedad privada -que es bastante abarcativo-, el oficialismo tuvo que aceptar que se suspenda el tratamiento del capítulo que modificaba una norma vigente y eliminaba las restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros.
Primero pretendió sacar cualquier cupo posible. Luego, cuando los violetas vieron que se complicaba, aumentaron el actual límite de 15% a un 25%. Ese recule fue lo mismo que decir “ya perdimos”. Porque condicionó el tratamiento de toda la ley, ya no sólo el abordaje del Capítulo III referido a las tierras.
Patricia Bullrich, la jefa del oficialismo en la Cámara alta, tuvo que convocar a una reunión de urgencia con los aliados para tratar de evitar que se vuelva a frustrar el tratamiento del proyecto integral, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero con la venia absoluta del Presidente. Cuatro veces se había frustrado.
Así, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y otros bloques provinciales resolvieron por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III.
Los gobernadores no quisieron acompañar un tema que resultó antipático en términos de opinión pública porque el gobierno nunca supo “venderlo” bien. No era una batalla que habían pedido ellos.
Ni la seducción de la caja hizo efecto esta vez en las provincias como probablemente sí funcione cuando la Rosada pida, en la próxima movida legislativa, el favor de acompañar la desaparición de las PASO a nivel nacional. Ese tema no genera rechazo social; al contrario.
El logro opositor
Y en este punto hay que destacar la eficiencia del discurso opositor, básicamente el del pero-kirchnerismo respecto a la Ley de Tierras.
Primero: lograron que el público llamara así al proyecto integral de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que es mucho más amplio. Casi que consiguieron reducir la discusión sólo a eso. Segundo: penetró el discurso absolutamente maniqueo e inexacto, de que “el gobierno quiere vender todas las tierras nacionales” y que de esa manera “se pierde soberanía”. Logró, digamos, hacer que el gobierno aparezca en la agenda pública como “entregador” de superficie argentina al capital extranjero. Hasta se llegó a decir en algún streaming el dislate de que todo eso era para que otros estados compren tierras locales y así la Argentina se achicaría en kilómetros cuadrados.
Este ítem, el del triunfo discursivo opositor por el tema “Tierras”, fue confirmado a este diario por estudiosos de la opinión pública. Parece que ya se había empezado a evidenciar en los “trackings” cotidianos que realizan varias empresas, muchas que incluso trabajan para el Gobierno.
UN DÍA ANTES, OTRA MARCHA ATRÁS
El martes el oficialismo se auto-inflingió otra derrota. La obsesión desreguladora de Sturzenegger paralizó por un par de días el comercio exterior. Fue por la aplicación del decreto 690/2026, que desreguló el servicio de practicaje y pilotaje en los puertos. Regía desde 1991.
La explicación: es muy caro el servicio, hay que bajar costos. Se aclara: lo paga el privado que debe “estacionar” el barco. Una medida de fuerza del sector frenó casi 200 buques que no podían entran mercaderías a la Argentina ni sacarlas a los mercados mundiales. ¿Qué pasó? El gobierno tuvo que suspender el decreto. Para no vestirlo de derrota se dijo que habrá una rebaja del 20% en las tarifas y se abrirá una una “mesa de diálogo”. Sarasa. Nunca se reunirá esa mesa.
Fuentes navales explicaron a este diario que la actividad reúne unas 500 personas. Ni gremio formal tienen porque se perciben como profesionales independientes o empresarios de su propio servicio, con altos ingresos. Hay, sí, una cámara que los reúne. ¿Era necesario semejante conflicto en este momento de debilidad objetiva del Gobierno y cuando la misión política más importante es asegurar la reelección de Milei?
Puede no compartirse pero se entiende que el Presidente, a su modo, tiene un plan para transformar la Argentina luego de años de populismo.
Pero cuando avanza con este tipo de decisiones, a priori polémicas (la lista es más larga), el Poder Ejecutivo parece no entender que por ahora no maneja una gestión con mayorías parlamentarias amplias que le permitan imponer cambios en leyes, normas y desregulaciones arraigadas por años más allá de las opiniones de los rivales. Que también juegan.
Si Milei quiere cambiar eso en la próxima elección, e ir a una comodidad legislativa que hoy no tiene para completar “sus” reformas, tal vez tenga que rever los métodos y minimizar daños innecesarios antes de tiempo
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