La rápida presentación de la Municipalidad de una denuncia penal por los incidentes ocurridos en la mañana del viernes en el acceso al Palacio comunal ubicado sobre calle 12, que causaron heridos y daños al edificio, constituye una decisión acertada en la medida en que tales acciones se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal. Es de esperar, entonces, que los responsables físicos y los eventuales instigadores sean identificados y se les apliquen las condenas correspondientes.
Tal como se informó en este diario, el ataque se registró en el contexto de una protesta de integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización fundada por Juan Grabois, y durante los incidentes resultaron dañadas las puertas de acceso al edificio, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante.
Según se informó, una persona debió ser asistida por personal del SAME tras ser alcanzada por fragmentos de vidrio. A la vez, seis efectivos policiales sufrieron heridas y 22 manifestantes fueron arrestados. El gobierno municipal aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo, aunque rechazó cualquier manifestación violenta.
Las agresiones tuvieron como telón de fondo el anuncio, de que en cumplimiento de la Ley Orgánica, la Comuna platense dejará de contratar cooperativas de trabajo de manera directa para las tareas de mantenimiento de la Ciudad y que pasará a concretarse mediante licitaciones públicas.
Sobre la medida que desató el conflicto, se recordó que el Tribunal de Cuentas de la Provincia advirtió al Municipio sobre la imposibilidad de continuar con contrataciones directas a cooperativas y exigió la utilización del mecanismo de licitación pública, en línea con lo establecido por la normativa vigente.
En oportunidad de ataques, durante movilizaciones de protesta, a distintos edificios públicos nacionales o provinciales, se aludió en esta columna, en primer lugar, a la segura pérdida de legitimidad de esos reclamos que, en un sistema democrático, tienen muchos canales institucionales para expresarse.
Las personas heridas en esos desórdenes y los daños causados a los edificios –en ocasiones muy costosos y que, en definitiva, son pagados por los contribuyentes- agravian a la sensatez que debe imperar en estos reclamos.
Estos desórdenes violan también principios de orden público, ponen en riesgo a la vida democrática, crean temor en los transeúntes y en la sociedad pacífica que vive dentro de los marcos legales, como así también anulan diferencias entre un reclamo racional y un acto de vandalismo.
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