El jurado popular declaró culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, el hombre que fue asesinado y descuartizado el 18 de julio de 2023 en el partido bonaerense de General Rodríguez, según informaron fuentes del caso.
Los 12 miembros fallaron por unanimidad contra los tres implicados en el salvaje crimen perpetrado hace más de tres años y cuyos restos aparecieron esparcidos en valijas arrojadas en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.
Javier Baños, ex fiscal de Morón y abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, consignó que el jurado popular halló responsables a los señalados por el delito de homicidio agravado por homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación, alevosía y codicia.
La sentencia, que únicamente puede ser prisión perpetua, se conocerá en una audiencia de cesura que realizará el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 de Lomas de Zamora.
Durante la jornada de alegatos, la fiscal Marcela Diamundo, y la querella, representada por Baños y Sebastián Queijeiro, habían solicitado la máxima pena prevista en el Código Penal.
Las defensas, en tanto, pidieron las absoluciones, y de manera subsidiaria, reclamaron que sus clientes sean juzgados por encubrimiento.
En la causa hay otros imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario, el cual se tramitará en el mismo organismo judicial, pero aún no tiene fecha establecida.
Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, adonde había ido para cobrar una deuda que tenía con el imputado Pilepich, según la acusación.
El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyuelo en el sur del Gran Buenos Aires.
Parte del cadáver fue encontrado dentro de una valija y una joven trans que en principio había sido imputada porque la maleta era de su propiedad, finalmente fue sobreseída y no irá a juicio.
La principal hipótesis es que fue asesinado para dejar sin efecto una deuda de 200 mil dólares por cuatro departamentos que reclamaba.
La querella sostiene que el móvil del homicidio fue el dinero y considera que tanto Pilepich como Vargas planearon el ataque, la gestora le tendió una trampa a Pérez Algaba al trasladarlo hasta un campo de General Rodríguez, Gil y Carrizo ayudaron a trasladar el cadáver, mientras que el comisario se encargó de desmembrarlo y ocultarlo en las valijas para luego esparcirlo en un arroyuelo de Ingeniero Budge.
La desaparición del empresario fue denunciada el 19 de julio por la dueña del departamento que la víctima alquilaba de manera temporal en Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, radicó un pedido de averiguación de paradero.
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