Se ha dicho con insistencia que tanto las escuelas como los centros de salud, los clubes, los templos de todas las religiones y otros lugares de uso común no debieran quedar expuestos e indefensos frente a los robos, daños y eventuales riesgos que causan los numerosos actos vandálicos registrados en la zona.
Y tales consideraciones parecen oportunas al conocerse que, en el breve lapso de una semana, tres escuelas públicas de Ensenada fueron robadas, vandalizadas e incendiadas en forma parcial, en episodios que originaron una gran inquietud en la vecina localidad y que ahora están siendo investigados por las autoridades.
El martes de la semana pasada se conoció el caso de la Secundaria Nº 1 y anteayer, los de las Primarias Nº 10 y Nº 11. Al analizar las cámaras de seguridad, los investigadores presumen que se trataría de los mismos autores en los tres hechos.
Este diario detalló en su edición de ayer las características y consecuencias de los ataques sufridos por los edificios educativos: puertas y cerraduras violentadas, mobiliario destruido, vidrios rotos, oficinas y aulas revueltas, y material didáctico robado, como una tablet, proyectores e instrumentos musicales.
Como corolario de ello, en algunos sectores de las escuelas los autores habrían iniciado focos de incendio que, afortunadamente, no llegaron a propagarse.
Según versiones difundidas en redes sociales, la pesquisa estaría próxima a identificar a los presuntos responsables, quienes serían menores de edad y, al menos dos de ellos, alumnos de uno de los colegios damnificados. De todos modos, esa hipótesis se manejaba con cautela.
Siempre se tuvo en claro que las escuelas y jardines de la Región se encuentran en la mira de ladrones y vándalos.
La sustracción de equipamiento, muebles, artefactos electrónicos —como computadoras— y otros insumos educativos, sumada a los destrozos edilicios, sigue siendo un clásico de la delincuencia local, favorecida por la escasa, por no decir nula, prevención policial existente para combatir esta modalidad tan dañina.
Cuando un delito se reitera adquiere repercusión social y, por consiguiente, reclama un tratamiento prioritario por parte de las distintas autoridades.
Al margen de la custodia natural y de los esfuerzos que realizan las comunidades educativas en defensa de sus escuelas, son las autoridades policiales, municipales y del área de Educación las que deben articular acciones para proteger estos edificios esencialesAdemás de la prevención que se les reclama, debieran identificar a los autores y darle así a la población –pero, en primer lugar, al universo escolar- la convicción de que se encuentra defendida.
De algún modo, es también la sociedad en su conjunto la que debe velar por la integridad de esos establecimientos.
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