Le preguntamos a la historia quiénes somos y en qué circunstancias vivimos, de dónde venimos y, quizá, a dónde vamos (Luis Alberto Romero)
Las ideas y las realizaciones iniciales. El pasado lejano
J. B. Alberdi y D. F. Sarmiento polemizaron –y se insultaron con entusiasmo– entre otras cuestiones, sobre cómo debía ser la educación popular en Argentina, durante sus exilios en Chile, entre los años 1852 y 1853. Las “Cartas quillotanas” y “Las ciento y una” muestran algunas de las ideas de estos dos originales intelectuales y estadistas argentinos.
El diseño de la república democrática, representativa y federal se definió con la Constitución Nacional de 1853 –basada en las modernas ideas liberales de la época, contrarias a los absolutismos -, y la educación nacional en 1884 con la ley Nº 1.420 de “Educación común, gratuita y obligatoria”. Esas dos obras iniciales de la organización nacional determinaron el destino argentino, luego de la caída de J. M. de Rosas en la batalla de Caseros.
Alberdi otorgaba prioridad a la economía, a los capitales extranjeros, al ferrocarril y a la inmigración europea. Las instituciones de la Constitución crearían y educarían, progresivamente con el crecimiento económico, a todos los ciudadanos en las ideas republicanas. Consideraba a la educación popular como una necesidad secundaria, pues primero había que formar ciudadanos laboriosos y útiles para producir riqueza.
Sarmiento, por su parte, compartía gran parte de esa propuesta, pero otorgaba prioridad a la “educación primaria”. Pretendía formar ciudadanos modernos a semejanza de la democracia de los EE.UU.
Fue el inspirador de la Ley Nº1.420 aprobada y promulgada por el presidente J. A. Roca en 1884, durante el ministerio del Dr. O. Leguizamón en el marco del 1er. Congreso Educativo Nacional. Con previsión y sabiduría, y también energía, obligaba a crear una escuela pública cada 1.500 habitantes en la ciudad y 500 en el campo e impuso obligaciones a los ciudadanos a enviar a la escuela a toda niña o niño entre 6 y 14 años sin aceptar la pobreza como excusa. Los padres tenían la obligación de inscribir a sus hijos y vigilar su concurrencia a clases. Si los menores no concurrían “más de dos días” los padres debían pagar una multa y el niño podía ser conducido a la escuela por la fuerza pública.
En cada distrito escolar se debía crear un Consejo Escolar, integrado por cinco padres –como carga pública no remunerada– el que debía reunirse obligatoriamente, como mínimo, una vez por semana y les imponía a los padres la obligación de cuidar por la higiene, la disciplina y la moralidad de los niños. Entre otras varias obligaciones el Estado, y sus ciudadanos, se imponía la obligación de proveer la vestimenta y la literatura y útiles indispensables para la educación. Esta ley “casi un servicio militar infantil escolar obligatorio” tenía como objetivo proveer una educación popular para una sociedad culta apta para la creación de riqueza y el progreso de la República. Se sostenía que “Para fundar la República, lo primero es formar republicanos” y es la educación popular la que cumple con ese objetivo.
La ley provocó una enérgica oposición de la Iglesia, la que provocó un grave conflicto institucional porque, aunque no prohibía la enseñanza religiosa, la relegaba a dictarse fuera de los horarios normales de clases y por ministros del culto.
Oponiéndose a la propuesta de Alberdi, Sarmiento sostenía, proféticamente, que “Sin un pueblo alfabetizado y consciente de sus derechos, cualquier constitución o institución caería en manos de nuevos tiranos”.
Durante su presidencia (1869 – 1874) se realizó el Primer censo nacional, el que mostró que el 78% de los habitantes no sabía leer ni escribir y el 80% de los niños estaba fuera del sistema educativo. Para 1899 el analfabetismo se había reducido al 53% y al 36% en 1914, y así continuó disminuyendo hasta el 6% en 1980, demostrando la eficacia de la Ley Nº 1.420.
El excelente sistema educativo primario argentino fue revolucionario y el ejemplo para gran cantidad de países. El buen, pero insuficiente colegio secundario para el ingreso al sistema terciario – al decir del destacado físico argentino Dr. Enrique Gabiola, en 1938 – y una adecuada Universidad pública, cimentaron el desarrollo nacional hasta 1930. El posterior y progresivo abandono de la educación como política prioritaria de la Nación, el empobrecimiento de su calidad, el adoctrinamiento ideológico o su utilización sectaria, dieron comienzo a la decadencia cultural y educativa argentina.
“En las últimas décadas la decadencia de todo el sistema educativo nacional se fue acentuando”
Alberdi, estadista de gabinete, comprendía que la educación es la base de toda política que quiera organizar un país republicano pero que también la ignorancia o el adoctrinamiento sectario forman una sociedad sometida al autoritarismo; también lo hacía Sarmiento, pero como político de acción entendía que, “Sin un pueblo alfabetizado y consciente de sus derechos, cualquier constitución o infraestructura caería en manos de nuevos tiranos”.
En el año 1947 se deroga la le Nº 1.420, se dicta una nueva ley universitaria, en 1949 se eliminan los exámenes de ingreso y los aranceles universitarios y en las décadas siguientes la alfabetización mediante el tradicional método conductista comienza a ser reemplazada por la teoría psicogenética, la que se afianza a partir de los años 80. Durante la década de los noventa se transfieren las escuelas primarias nacionales a las jurisdicciones provinciales, pero sin los presupuestos adecuados y en el nivel secundario se implementa el ciclo polimodal, sin preparación previa, que propone distintas orientaciones curriculares. Ya en el siglo XXI se acentúan los cambios en la política de la educación en todos los niveles, comienza el proselitismo ideológico con las nuevas tendencias progresistas.
A pesar, o por obra, de todos estos cambios, en las últimas décadas la decadencia de todo el sistema educativo nacional se fue acentuando.
El abandono, y rechazo, de la política de la educación popular de Sarmiento y la equivocada implementación de las propuestas utilitarias de Alberdi, condujeron al deterioro actual de la formación de ciudadanos instruidos para el progreso de la democracia republicana.
La sociedad está esperando y reclama una política nacional consensuada que revierta esta situación. Alberdi y Sarmiento pueden servir de guías históricos.
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