El pedido de un juez federal de juzgamiento contra siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita que operaba desde el interior de cárceles bonaerenses –entre ellas el penal de Olmos- y que se dedicaban a extorsionar a hombres contactados a través de aplicaciones de citas, reactualiza un gravísimo problema vigente en varias unidades penitenciarias detrás de cuyos muros los presos manejan el delito en el exterior y siguen siendo promotores de la inseguridad que sufre la población.
Como se sabe, un custodio de 21 años de edad se suicidó mientras cumplía funciones de vigilancia en la residencia presidencial de Olivos. Antes de tomar esa drástica decisión, el joven había sido víctima de una serie de amenazas y exigencias económicas por parte de los delincuentes presos en penales de la Provincia.
Entre los principales acusados figuran dos hombres que, según la investigación, dirigían la estructura criminal desde la Unidad 36 de Magdalena, mientras que otro de los implicados se encontraba alojado en la Unidad 26 de Olmos, desde donde también se habría desplegado parte de la maniobra delictiva.
La investigación se inició tras la muerte del joven que integraba el Regimiento de Granaderos a Caballo, que el 16 de diciembre pasado se suicidó mientras cumplía funciones de vigilancia en la residencia presidencial de Olivos. Antes de tomar esa drástica decisión, el soldado había sido víctima de una serie de amenazas y exigencias económicas por parte de los delincuentes.
La pesquisa permitió establecer que la organización operaba desde las cárceles con celulares y contaba con la colaboración de cuatro mujeres que facilitaban cuentas de billeteras virtuales y chips telefónicos para canalizar el dinero obtenido mediante las extorsiones.
El pedido de la justicia federal se relaciona con otros episodios similares que se investigan, en los que prisioneros en penales provinciales seguían desplegando una intensa actividad delictiva desde los calabozos, munidos de celulares, computadoras y otros medios que les permiten seguir manejando bandas dedicadas al secuestro, robos y otros delitos.
Ante casos similares y reciente, se ha dicho que causa sorpresa y no poco desaliento comprobar que, pese a los supuestos controles y a las declamadas prevenciones que decían haber tomado las autoridades penitenciarias, algunas cárceles bonaerenses sigan siendo centros de operaciones de bandas dedicadas a organizar y cometer delitos desde las celdas.
Según lo señalaron muchos especialistas, lo cierto es que este podría ser uno de los resultados de políticas demagógicas, erróneas y poco profesionales –acaso también mal intencionadas- que, en los últimos tiempos, llevaron el estado de cosas a un nivel que logró poner en verdadero colapso a buena parte del sistema penitenciario provincial.
No se trata de violar ningún derecho personal o de transgredir las leyes, sino, tan solo, de hacer efectivo –no sólo declamativo- el sabio mandato constitucional que ordena: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Se sobreentiende que esa seguridad no sólo debe regir para los detenidos, sino y en forma prioritaria, para la población que no puede verse, de ninguna manera, victimizada por quienes se encuentran cumpliendo condenas bajo custodia del Estado.
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