El reciente pedido del Gobierno nacional al Congreso para una “pronta derogación” de la ley nacional que estableció el etiquetado frontal de los alimentos –que obligó a los fabricantes a incluir octógonos negros de advertencia en los envases de productos con exceso de azúcar, grasas o sodio- se ha visto seguido por el reclamo contrario por parte de unas 300 entidades médicas y de la sociedad civil que se oponen, según dijeron, a que se desmantele lo que consideraron es “una de las políticas de salud pública más importantes del país”.
Tal como se informó en este diario, el Gobierno nacional considera que el sistema vigente genera confusión en el consumidor porque aplica los mismos parámetros a alimentos muy distintos, sin tomar en cuenta las porciones reales ni la densidad nutricional. El resultado, según el texto oficial, es que productos tradicionales y saludables “terminan recibiendo las mismas advertencias que los ultraprocesados, lo que deriva en “interpretaciones simplificadas o poco precisas” a la hora de elegir qué comprar.
Un segundo cuestionamiento del Ejecutivo nacional apunta a la estructura binaria del esquema actual: como un producto o tiene el octógono o no lo tiene, las empresas que mejoran parcialmente la composición nutricional de sus productos no obtienen ningún reconocimiento, “lo que elimina los incentivos para una reformulación gradual”.
El Ejecutivo aclaró que la derogación no elimina la información nutricional obligatoria: los datos de valor energético, azúcares, grasas y sodio seguirán vigentes bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur.
Por su parte, las entidades que cuestionan la derogación del etiquetado frontal de los octógonos sostienen que la quita de esos datos “podría eliminar una política integral diseñada específicamente para proteger la salud de la población -especialmente, la de niños, niñas y adolescentes- y el acceso a la información de las y los consumidores.
Quienes objetan la iniciativa de derogar ese etiquetado aseguraron que, según estadísticas, el 90 por ciento de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables. Más de la mitad de la población consultada, “afirmó haber modificado su intención de compra de bebidas (63 por ciento), yogur (62 por ciento) y galletitas (50 por ciento)”.
Serán los legisladores, entonces, quienes deban dirimir en esta controversia. Como indiscutible contexto de este asunto, queda en claro que la buena y segura alimentación forma parte de los principios médicos esenciales y que nadie pone en duda que el consumo excesivo de comidas ricas en hidratos y carbonos, la adicción a las golosinas y a las llamadas comidas basura, influyen decisivamente, en la propagación de la obesidad y de otros males para la salud de la población.
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