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Uno de los problemas centrales que hacen a la calidad de vida de las ciudades es el de la generación, recolección, disposición y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. La Plata no es ajena a esto. Actualmente se disponen en la Ciudad alrededor de 320 mil toneladas anuales de residuos, sin contabilizar el tratamiento informal. El reciclaje y las cooperativas que llevan a cabo dicha tarea forman parte de un aspecto importante del debate. Existe una tensión entre estas cooperativas y la política de reciclaje que tiene el municipio. Esta preocupación es parte de la agenda de la Universidad Nacional de La Plata, que a través de su Consejo Social, está estudiando esta problemática en conjunto con los distintos actores sociales.
Para entender el problema de fondo, conviene mirar qué hace el mundo. La experiencia de los países de la Unión Europea muestra que mientras el reciclado, el compostaje y la incineración aumentan, la disposición de los residuos en rellenos sanitarios se reduce significativamente.
Los residuos contaminan y su recolección, transporte, tratamiento y disposición final utilizan recursos escasos. Sin embargo, para quienes los generan muchas veces parece que tirar no cuesta nada. Una familia que saca tres bolsas de residuos paga prácticamente lo mismo que otra que saca una. Para el hogar, el costo de generar una bolsa adicional es cercano a cero.
Esta señal económica importa. Si queremos reducir la cantidad de residuos y aumentar el reciclaje, no alcanza con campañas de concientización o con colocar contenedores diferenciados. Los incentivos económicos también tienen que acompañar.
El problema de los residuos es cada vez mayor. Según el Banco Mundial, en 2022 se generaron en el mundo 2.560 millones de toneladas de residuos sólidos municipales y, de continuar las tendencias actuales, esa cantidad alcanzaría aproximadamente 3.860 millones en 2050: un aumento del 50 % en menos de tres décadas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires permite observar el problema de cerca. CEAMSE presta servicios a la Ciudad de Buenos Aires y a 45 municipios bonaerenses, alcanzando una población estimada de 18 millones de habitantes. Durante 2025 ingresaron a su sistema casi 7 millones de toneladas de residuos, unas 19.000 toneladas por día. Esto equivale aproximadamente a 1,06 kilogramos diarios por habitante. Cerca de 6,3 millones de toneladas terminaron finalmente dispuestas en los complejos ambientales.
Una señal equivocada para los municipios
La distorsión no se limita a los hogares. Los municipios pagan a CEAMSE una tarifa por tonelada enviada a disposición final, pero la información disponible indica que esa tarifa se encuentra muy por debajo del costo integral del sistema.
Los estados contables de CEAMSE muestran que durante 2025 la empresa muestra que el costo de los servicios prestados asciende a $568.703 millones frente a ingresos de explotación por $287.393 millones. Los ingresos cubrieron apenas alrededor del 50 % de los costos operativos. La brecha fue de unos $281.310 millones y la pérdida contable total del ejercicio superó los $410.088 millones.
No puede interpretarse toda esa pérdida como un subsidio directo a la tarifa municipal, porque CEAMSE realiza distintas actividades. Pero el orden de magnitud es ilustrativo. Si se distribuyen los costos operativos entre las toneladas recibidas en 2025, se obtiene un costo promedio cercano a $81.200 por tonelada, mientras que los ingresos de explotación fueron estimados en alrededor de $41.000 por tonelada a valores de 2025, alrededor de la mitad del costo por tonelada.
Este déficit es soportado por los propietarios de CEAMSE: la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Existe además un problema distributivo. CEAMSE recibe residuos principalmente de los municipios del conurbano bonaerense, pero una eventual cobertura provincial del déficit es financiada por los contribuyentes de toda la provincia. En ese caso se genera un subsidio cruzado desde el interior bonaerense hacia el área metropolitana.
El subsidio para enterrar es un impuesto al reciclaje
¿Por qué esto importa para el reciclaje? Supongamos que un municipio analiza implementar un programa de separación, compostaje o recuperación de materiales. El programa tiene costos: camiones diferenciados, plantas, trabajadores, capacitación y organización. A cambio, permite enviar menos toneladas a CEAMSE. Pero el ahorro que observa el municipio es solamente la tarifa subsidiada que deja de pagar.
Para la sociedad, en cambio, evitar una tonelada de residuos genera muchos otros beneficios: menor transporte, menor utilización del relleno sanitario, menos lixiviados, menos emisiones, menores necesidades de mantenimiento y menores costos posteriores al cierre del relleno.
Si esos costos no aparecen en el precio que enfrenta el municipio, reciclar puede parecer caro aun cuando sea socialmente conveniente. La disposición final subsidiada funciona entonces como un subsidio indirecto a generar y enterrar residuos y, simultáneamente, como un impuesto implícito al reciclaje.
Cambiar las reglas
Para aumentar el reciclaje no alcanza con pedir voluntad individual. Hay que modificar las señales que enfrentan hogares, municipios y empresas.
Los costos de recolección, transporte, tratamiento y disposición deberían ser transparentes. Los municipios deberían percibir claramente el ahorro que generan cuando disminuyen las toneladas enviadas a disposición final. Los productores deberían asumir una mayor responsabilidad por los envases que colocan en el mercado. Y los hogares que reducen y separan adecuadamente sus residuos deberían recibir alguna señal favorable, evitando naturalmente impactos regresivos sobre las familias de menores ingresos.
Tampoco parece razonable que una parte importante del éxito del reciclaje dependa exclusivamente del esfuerzo de quienes recuperan materiales una vez que estos ya fueron mezclados y descartados.
La principal barrera al reciclaje no es solamente la falta de conciencia ambiental. Es la existencia de señales económicas contradictorias. Pedimos a los hogares que generen menos, pero el costo de una bolsa de residuos adicional es cero. Pedimos a los municipios que reciclen, pero subsidiamos la disposición final. Pedimos a los recuperadores que rescaten materiales después de haberlos mezclado y contaminado. Y pedimos a las empresas que reduzcan los envases mientras una parte importante del costo posterior es pagada por los contribuyentes.
Los residuos tienen un costo. El problema es que muchas veces ese costo lo paga alguien distinto de quien decide generarlos. Cuando tirar parece barato, reciclar se vuelve artificialmente caro. Cambiar esa ecuación es probablemente uno de los pasos más importantes para avanzar hacia una verdadera economía circular.
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