Profesionales de la salud advirtieron sobre los riesgos que implica una reciente medida de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la cual dispuso la venta libre de diez ingredientes farmacéuticos activos utilizados para tratar patologías leves, como alergias y mareos.
Entre los principales argumentos, los especialistas remarcan que estos medicamentos perderán la cobertura habitual —de entre un 40 y un 70 por ciento— que otorgan las obras sociales y prepagas a los afiliados en las farmacias. Asimismo, señalaron que la medida desdibuja la seguridad sanitaria que garantiza el acto de la prescripción y el control médico previo.
Tal como se informó, la decisión de la ANMAT fue cuestionada con firmeza por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (CFPBA), desde donde manifestaron su “preocupación por el peligro al que exponen a la población al considerar al medicamento como un producto comercial inocuo y no como una herramienta terapéutica, sensible y compleja, que debe ser administrada con criterios exclusivamente sanitarios”.
“Esta medicación queda excluida de la cobertura social; por lo tanto, el impacto para el afiliado es francamente desfavorable, ya que pasa a afrontar el 100 por ciento del costo del bolsillo”, advirtieron desde la conducción de la entidad profesional.
Cabe recordar que la nómina alcanzada por la disposición oficial abarca principios activos presentes en antiespasmódicos para dolores abdominales, antialérgicos, antiparasitarios, gotas oftálmicas, antitranspirantes terapéuticos, cicatrizantes, antisépticos, complejos para el tratamiento de mareos y jarabes pedíatricos.
Desde la ANMAT justificaron la resolución al señalar que los principios activos desregulados fueron comercializados bajo receta durante al menos cinco años dentro del país, demostrando un perfil de seguridad y eficacia comprobado, sin reportes de eventos adversos graves que alteren su balance riesgo-beneficio. Sobre esa base técnico-farmacéutica, el organismo nacional procedió a habilitar su expendio sin prescripción.
Sin embargo, el contexto económico agrava la situación. La desregulación se inserta en un escenario signado por fuertes subas en el rubro farmacéutico: informes sectoriales señalan que desde la liberación previa de precios, los medicamentos de venta libre acumulan incrementos que superan con holgura la evolución de los haberes jubilatorios y el salario medio. Al perder el descuento por obra social, el acceso a terapias básicas se encarece sensiblemente para los sectores más vulnerables y los adultos mayores.
A esto se suma la advertencia de diversas entidades médicas sobre los riesgos del incremento del autoconsumo de fármacos, la automedicación prolongada y la consiguiente demora en el diagnóstico de patologías subyacentes de mayor gravedad.
Tanto las autoridades sanitarias nacionales y provinciales como los distintos actores de la cadena de comercialización debieran analizar este escenario con rigurosidad, despojando la discusión de criterios meramente económicos o de mercado. Priorizar el bienestar colectivo implica corregir eventuales desvíos donde la salud y el bolsillo de los pacientes resultan directamente perjudicados. El estado de salud de la población es un bien supremo que no admite especulaciones.
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