La detección de dos presos bonaerense —uno recluido en la Unidad 31 de Florencio Varela y otro en la Unidad 21 de Campana— que a través de sus celulares planeaban asesinar a una fiscal de la localidad de Boulogne, que había intervenido en la causa penal que terminó con sus detenciones, volvió a poner sobre el tapete la desalentadora conclusión de que algunos detenidos siguen cometiendo delitos desde sus calabozos en las unidades penitenciarias bonaerenses. Y en este caso, se habla nada menos que una tentativa de homicidio a una magistrada de la Justicia.
La investigación y la colección de las pruebas, que estuvo a cargo de la DDI y de la Fiscalía General de San Isidro, permitió el secuestro de tres teléfonos celulares que ahora están siendo peritados. Comenzó después de que se detectaran comunicaciones entre ambos prisioneros. Pese a la distancia, los dos mantenían contacto y, de acuerdo con la pesquisa, hablaban sobre una posible represalia contra la fiscal. En esas conversaciones aparecieron datos personales de la magistrada, información sobre sus vehículos, su domicilio y fotografías de integrantes de su familia, que le pedían a la IA.
En los últimos tiempos se sumaron evidencias, tanto en la justicia provincial como en la federal, demostrativas de que desde los calabozos se mantienen activas distintas y peligrosas bandas dedicadas al delito. Hubo un auge, no desaparecido aún, de simulaciones de secuestros con llamadas a los domicilios de sus potenciales víctimas.
Inclusive, meses atrás un fiscal penal de San Isidro había pedido que se prohibieran los celulares en las cárceles y terminar de ese modo con el flagelo del llamado “mando remoto”. En la causa, la medida concreta que pidió el magistrado abarcaba a los 40 detenidos en una causa iniciada contra la “Banda del Millón” señalada como responsable de homicidios y una larga serie de robos violentos en el norte del Conurbano, que usaba a menores de edad para cometer los delitos que planeaban los líderes desde las cárceles.
Demasiadas tragedias y dolores causan en la población los delincuentes que andan sueltos por las calles, como para que a ellos se sume el aporte de los que están presos, condenados por robos, secuestros, homicidios y otras figuras del Código Penal.
La grave inseguridad que padece la población merece que las autoridades de los tres poderes provinciales tomen las medidas conducentes. No se trata sólo de aumentar la presencia policial en las calles, sino, también, de impedir que las cárceles se conviertan en promotoras de más inseguridad.
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