El recorte más grande cayó donde vive más gente
En los primeros ocho meses de 2023, la Nación giró al gobierno de la provincia de Buenos Aires el equivalente a $141.008 por habitante. En el mismo período de 2026, medido en pesos de hoy, giró $9.515. De cada $100 que le llegaban a un bonaerense hace tres años, hoy llegan $7. El ajuste sobre las transferencias a las provincias fue general —eso no está en discusión—, pero no fue parejo. Y la asimetría tiene una dirección bastante clara.
Las transferencias corrientes y de capital a los gobiernos provinciales cayeron 85% en términos reales entre 2023 y 2026, comparando el acumulado de enero a agosto de cada año. En Buenos Aires cayeron 93%.
La Provincia pasó de recibir $2,47 billones (1.600 millones de dólares) a $175.000 millones (113 millones de dólares) a precios de hoy, y su participación en el total girado al conjunto de las jurisdicciones bajó del 41,8% al 19,5%. Mientras tanto sigue concentrando el 38,7% de la población: pasó de recibir algo más de lo que le correspondería por peso demográfico a recibir la mitad.
El dato per cápita es el contraste es más nítido. El promedio nacional de transferencias por habitante fue de $18.849 en lo que va de 2026. En Buenos Aires, $9.515: la mitad. De las veinticuatro jurisdicciones del país, la provincia más poblada es hoy la cuarta que menos recibe por habitante, apenas por encima de Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro.
Conviene poner esa caída en perspectiva histórica, porque no empezó en 2023. De cada $100 que gastó el Estado nacional durante la presidencia de Menem, $10,30 se giraban a las provincias. Con Néstor Kirchner, $13,30. Con Macri, $5. Con Alberto Fernández, $4,70. En lo que va de esta gestión, $1,70. La tendencia venía de antes; lo que cambió es la velocidad.
TRANSFERENCIAS EN EXTINCIÓN
El segundo golpe es menos visible y más profundo. Las transferencias de la Nación directamente a los municipios prácticamente dejaron de existir: de $738.000 millones (479 millones de dólares) en 2023 a $7.455 millones en 2026 (4,8 millones de dólares), es decir el 1% de lo que eran. Los municipios bonaerenses pasaron de recibir $457.000 millones (297 millones de dólares) a $7.000 millones (4,5 millones de dólares): una caída del 98,5%.
Bajo el gobierno anterior, esas transferencias representaban el 0,7% del total de transferencias del Estado nacional; con Cristina Fernández habían llegado al 2%. Hoy el ratio se redondea a cero: no porque los giros hayan desaparecido del todo, sino porque lo que queda es tan chico que no alcanza una décima del total. No fue una decisión contra Buenos Aires: fue el cierre de un canal entero, para todo el país. Pero como 6 de cada 10 pesos de ese canal iban a municipios bonaerenses, 6 de cada 10 pesos perdidos también son bonaerenses.
Vale mirar qué quedó en pie, porque el detalle es elocuente. De todo lo que la Nación giró a municipios del país en lo que va de 2026, 9 de cada 10 pesos son un solo programa —infraestructura hidráulica, $6.457 millones— y van íntegramente a municipios bonaerenses. Detrás hay $274 millones de deporte comunitario, $236 millones de hábitat, $129 millones de ablación e implantes, $61 millones de promoción turística y $13 millones de capacitación laboral. Educación, primera infancia, empleo y promoción pyme, en cambio, no registran ejecución alguna. Lo que sobrevive del canal municipal es una obra de agua y desagües; el resto es residuo.
La brecha con los porteños
La inversión real directa del Estado nacional en territorio bonaerense cayó 78% real entre 2023 y 2026. Y el reparto tiene una forma reconocible: bajo esta gestión, el 36% de la obra pública nacional se ejecuta en la Ciudad de Buenos Aires y el 20% en la Provincia. Con Alberto Fernández era 26% y 24%; con Macri, 19% y 19%. Hay que leerlo con cuidado —parte de lo que figura en CABA son edificios y organismos nacionales con sede allí—, pero la brecha per cápita es difícil de discutir: $35.640 por habitante porteño contra $9.053 por habitante bonaerense.
Y dentro de ese magro total bonaerense hay un detalle que conviene no pasar por alto: la mitad de la obra pública nacional en la provincia es un solo proyecto, la central nuclear de Atucha. Vialidad, mejoramiento de barrios y transporte se reparten el resto. La obra que llega al territorio es todavía menos de lo que el número sugiere.
En 2025 aparece un dato que rompe la serie. Ese año, el 47% de todo lo que la Nación giró a las 24 jurisdicciones fue un solo pago: el cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires, $1,16 billones a precios de hoy. Con eso, CABA concentró el 56,6% de las transferencias a provincias de todo el año.
“Si el ajuste ya alcanzó su objetivo para el resto del presupuesto, ¿por qué sigue profundizándose justo donde hay más gente para sostenerlo?”
Per cápita, ese año un porteño recibió $451.586 y un bonaerense $26.459: diecisiete veces más. No hay nada irregular en eso: es el cumplimiento de un fallo. Pero sirve para responder una pregunta que suele quedar sin respuesta. Cuando existe una obligación que el Estado nacional considera exigible, la plata aparece. Apareció más de un billón de pesos para una sola jurisdicción, en un año en que las otras veintitrés se repartieron menos de $1,3 billones entre todas.
Hay un último número que ordena todo lo anterior. En 2026 el gasto total del Estado nacional cayó 1% en términos reales y el conjunto de las transferencias cayó 3,8%. Las transferencias a las provincias cayeron 64%. Es decir: el ajuste general prácticamente terminó, pero no para las provincias. Sobre ellas sigue cayendo con una intensidad que ya no se aplica a ninguna otra línea del presupuesto.
La discusión no es si la Nación debe girar más. La contradicción es otra. Se sostuvo que el Estado nacional no puede seguir financiando gastos que no le corresponden y que cada nivel de gobierno debe hacerse cargo de lo suyo. Es un principio discutible, pero coherente. El problema es que no se aplicó con la misma intensidad en todos lados: el distrito donde vive el 39% de los argentinos absorbió el recorte más profundo, y sus municipios —los que sostienen la sala de primeros auxilios, el pavimento, el desagüe y la recolección— perdieron el 98% de lo que recibían.
Entonces la pregunta es sencilla. Si el ajuste ya alcanzó su objetivo para el resto del presupuesto, ¿por qué sigue profundizándose justo donde hay más gente para sostenerlo? ¿El ajuste lo termina pagando la casta, o lo pagamos todos los bonaerenses?
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