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El derecho a la salud también rige para los discapacitados

Por Redacción

No son pocas las oportunidades que obligan a llamar la atención sobre la necesidad de que el Estado y la sociedad propendan a un mayor respeto e integración hacia aquellas personas que padecen desigualdades físicas o mentales, bregándose no sólo por la remoción de las llamadas barreras arquitectónicas sino por la diversidad de trabas materiales o espirituales que subsisten y que los obliga a enfrentar enormes dificultades.

Veredas intransitables y peligrosas, medios de transporte inaccesibles, ingresos a edificios carentes de rampas, obras en la vía pública que impiden el desplazamiento, entre muchas otras barreras integran una realidad urbana inamistosa con quienes sufren desigualdades físicas.

Pero también existen otras barreras, no físicas: las demoras en la atención médica o en la entrega de medicamentos específicos; la complejidad de trámites administrativos que obligan a concurrir una y otra vez; o la falta de oficinas cercanas donde realizar distintas gestiones. Obstáculos que, para quienes ya enfrentan limitaciones físicas, terminan convirtiéndose en verdaderas formas de desconsideración.

En ese contexto es que, ahora, el colectivo Nosotras, integrado por madres de personas con discapacidad, convocó a una jornada de protesta para el martes 25 de agosto frente a la sede central de IOMA, en reclamo por demoras en pagos, reintegros pendientes y dificultades para acceder a prestaciones para personas con discapacidades.

La convocatoria surge frente a “una situación que, según vienen denunciando familias y prestadores, se expresa en demoras en pagos, reintegros pendientes, dificultades para acceder a prestaciones y problemas que ponen en riesgo la continuidad de tratamientos y servicios vinculados a la discapacidad”, señalaron, para agregar que “distintos centros de atención de la Región también han advertido que las deudas acumuladas comprometen su funcionamiento y la continuidad de las prestaciones”, dijeron.

La experiencia aquilatada por quienes, en muchos años, conocen estos temas, pero también las leyes y principios que rigen para estos casos, demuestran que la facilitación de los trámites y la mayor vinculación de las personas con dificultades para convivir, es la mejor fórmula para su integración. Esto es, también, para su no discriminación.

Es de esperar que el problema planteado en el IOMA encuentre solución en forma perentoria. En la situación planteada no debieran fomentarse nuevas complicaciones, sino, por el contrario, alejarse de todo aquello que pueda asimilarse a una negación del derecho a la salud o al abandono de personas.

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