Los insultos que el presidente Javier Milei dedicó a cinco periodistas por su cobertura de la causa judicial $LIBRA y la propuesta de mandar “a quemarlos en la hoguera” —como una vuelta al Medioevo—, además de calificarlos como “mierdas humanas” —entre otros improperios de subido tono que no corresponde reproducir aquí—, generaron el rechazo no solo de entidades periodísticas, sino también de sectores empresariales y sociales. Asimismo, provocaron el repudio de todo el arco político argentino, inclusive de integrantes del partido oficialista.
En este sentido, en las últimas jornadas se conocieron pronunciamientos del Comité Nacional de la UCR, de la exministra de Seguridad del actual mandatario y actualmente senadora y de diversos referentes del Partido Justicialista, además de distintos bloques aliados a La Libertad Avanza —el partido del mandatario— y de las principales entidades periodísticas del país, entre otras múltiples instituciones.
Una sana interpretación pone a la vista que, mientras el Gobierno nacional pregona la mayor libertad y la mayor incidencia posible del sector privado como principios rectores de esta etapa institucional, resultan incongruentes algunas actitudes frente a una labor que corresponde al trabajo profesional exclusivo de los medios periodísticos, y no a ningún organismo o representante del Ejecutivo nacional.
Es lamentable, pero una vez más el Presidente dejó en claro que parece encontrar dificultades para dominar sus emociones. Se trata de una situación preocupante, ya que se habla de la más alta autoridad del país, quien debiera emplear formas racionales de actuación, propias del cargo y de las responsabilidades que le fueron conferidas.
Está claro que no se cuestiona que el Presidente salga a la palestra a defender con enjundia sus proyectos y sus ideas de gobierno. Tampoco podría negarse que, en el fragor cotidiano, algunos medios o sectores de la oposición política puedan equivocarse o incurrir en desmesuras.
Pero ese fragor, propio de toda democracia, no justifica en modo alguno que el Presidente se salga de sus casillas y convierta sus expresiones en una metralla de agresiones verbales. Y mucho menos en amenazas con una actitud inquisitorial.
En cuanto al fondo del asunto, se ha sostenido siempre en esta columna que el sistema constitucional y legal argentino prevé las vías de actuación cuando puedan cometerse delitos a través de la prensa: la vía judicial se encuentra abierta para ello. Lamentablemente, no son pocas las ocasiones en las que se ha elegido la vía directa del hostigamiento, del escrache y de las amenazas contra los periodistas, lo cual conforma un grave retroceso hacia formas autoritarias.
En estos casos, sí corresponde que intervenga el Estado para sancionar a los responsables de toda amenaza, coerción o acción delictiva contra la libertad de expresión que se pueda comprobar judicial o administrativamente.
La gravedad de esta sucesión de estallidos verbales se ve acentuada por un contexto social y económico muy crítico en la Argentina, del cual es preciso salir. La población enfrenta dificultades concretas para sobrevivir, encontrar trabajo, no vivir acosada por la inseguridad, disponer de un buen sistema de salud, estudiar y progresar.
¿Qué sentido tiene que el Presidente, en lugar de actuar como moderador de conflictos y como jefe de Estado de todos los argentinos, insulte a quienes no piensan como él y agrave la situación?
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