Una vez más los jubilados del PAMI en nuestra zona atraviesan una compleja situación, con una cobertura que les ofrece turnos cada vez más espaciados para con los médicos de distintas especialidades —entre ellas la odontológica—, además de tener que elegir qué medicamentos llevar a la hora de ir a las farmacias, tal como lo detalló una nota publicada ayer en este diario.
La situación es compleja en todo el proceso: los médicos se quejan porque reciben una cápita mensual de 2100 pesos; los odontólogos, de que la que reciben por igual concepto es de 374 pesos; los farmacéuticos aducen que PAMI tiene con ellos una deuda en los pagos y, como se ha dicho, los afiliados protestan porque cada vez les resulta más difícil conseguir turnos con médicos u odontólogos.
La situación llegó a un punto límite con las medidas de acción directa que tomaron los profesionales de la salud. En el sector odontológico, la entidad que los nuclea decidió suspender turnos programados por considerar insuficientes los aumentos ofrecidos por PAMI. A este reclamo se sumó el respaldo explícito del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, que manifestó su profunda preocupación por la precariedad que atraviesan los prestadores y los médicos de cabecera. Desde esta entidad advirtieron que los aranceles y cápitas actuales no cubren la evolución de los costos operativos básicos —como alquileres, insumos y personal administrativo—.
En este contexto, el frente farmacéutico no escapa al escenario de tensión existente. A los atrasos en los pagos de las prestaciones por parte de la obra social nacional se suma un fenómeno social alarmante en los mostradores de las farmacias: la imposibilidad económica de los pasivos de completar los tratamientos prescriptos.
No es la primera vez que se vuelven visibles las dramáticas dificultades que enfrentan las personas de mayor edad para adquirir medicamentos. Existen reclamos de afiliados y de entidades médicas y farmacéuticas que son de vieja data. Y aquí se habla de una franja social que cobra en su mayor parte jubilaciones y pensiones extremadamente bajas. Algo que, por ejemplo, los obliga mes tras mes a «seleccionar» cuál de los remedios compran y cuáles no.
Como principio rector irrenunciable, debiera enfatizarse que no puede verse retaceada en modo alguno la atención y el acceso de las personas mayores a los remedios que su salud reclama. En el caso del PAMI, no debiera dejarse de lado que son los afiliados quienes, con sus aportes mensuales, permitieron su creación y sostenimiento.
La salud y la mejor forma de cuidarla es un derecho inalienable de la población. Ningún habitante —y mucho menos el que aportó durante toda su vida— puede verse privado de acceder a una plena atención y a poder adquirir los medicamentos. Se habla de un bien prioritario, cuyo cumplimiento integral debe encontrarse garantizado, de modo que son las autoridades con incumbencia en el tema las que están obligadas por la Constitución y las leyes a revertir cuanto antes, en forma inexcusable, cualquier alternativa que se oponga a esos mandatos. El que está en deuda es el PAMI, no los jubilados y pensionados.
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