El reclamo de los vecinos de El Peligro, que se repite y suma manifestaciones sobre la Ruta 2 para visibilizar la situación, trasciende el dolor por una tragedia puntual. La muerte de una niña de 10 años fue el detonante de una protesta que, en realidad, expone una deuda histórica con la seguridad vial en la Región. Lo que ocurre en ese tramo de la Autovía 2, entre los kilómetros 43 y 47, no es una excepción: es la expresión más visible de un problema que desde hace años acumula víctimas, advertencias y respuestas tardías.
Cada accidente fatal suele abrir un breve período de conmoción pública. A veces, incluso, se anuncian obras, se prometen controles y la discusión gana espacio. Sin embargo, cuando el impacto inicial se diluye, la inseguridad vial vuelve a quedar relegada hasta la próxima tragedia. Ese ciclo se ha repetido demasiadas veces.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Solo en El Peligro se registraron al menos 30 víctimas fatales desde 2016, según organizaciones especializadas. En lo que va del año, la Región ya contabiliza decenas de siniestros y varias muertes. Detrás de cada número hay familias destruidas y comunidades que conviven con el temor de transitar por sectores que consideran inseguros.
La conducta imprudente de algunos conductores explica parte del fenómeno, pero no alcanza para comprenderlo. También existe una responsabilidad del Estado cuando una autovía pensada para tránsito rápido termina atravesando localidades que crecieron sin que la infraestructura acompañara ese desarrollo.
Especialistas en urbanismo coinciden en que la combinación de accesos precarios, falta de colectoras, cruces inseguros, iluminación insuficiente y circulación peatonal sobre corredores de alta velocidad convierte a estos sectores en verdaderos puntos críticos de siniestralidad. No se trata de un problema exclusivo de El Peligro: situaciones similares se repiten en distintos accesos y rutas de la Región.
Por eso, la solución no puede reducirse a una obra aislada ni a una respuesta de emergencia después de cada accidente. Hace falta una política integral que combine infraestructura, planificación urbana, controles efectivos, educación vial y una coordinación sostenida entre los distintos niveles del Estado.
El caso de El Peligro debería convertirse en un punto de inflexión. No solo para resolver las falencias de ese tramo de la Ruta 2, sino para revisar las condiciones de seguridad de todos los corredores que atraviesan el Gran La Plata.
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