La aprobación por Francia en las últimas jornadas de una regulación considerada entre las más estrictas de Europa, y del mundo, que prohibe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años edad por el alto impacto que causan sobre la salud mental, puede ser interpretada como la adecuación de las actitudes humanas al vertiginoso crecimiento tecnológico, que por un lado presenta fascinantes desafíos culturales, pero que, por el otro, también plantea la aparición de riesgos antes inexistentes.
Se conoce que el uso intensivo de las redes es vinculado a trastornos alimentarios, autogestiones, suicidios y otras consecuencias negativas, relacionadas a delitos de enorme gravedad.
De este modo Francia se sumó al freno que muchos otros países le están poniendo al efecto negativo de Internet en niños y adolescentes.
El avance galo consolida un cambio de enfoque en distintos países frente al uso de las plataformas digitales por parte de los menores.
Australia ya aprobó una prohibición para menores de 16 años, mientras España, Dinamarca y Grecia impulsan iniciativas similares.
El debate también llegó a las instituciones de la Unión Europea, que reclamó este mes a las empresas tecnológicas modificar las funciones que generan un consumo compulsivo de contenidos y recomendó impedir el acceso a las plataformas a los menores de 13 años.
Tal como se publicó ayer en este diario, la ley francesa establece que, desde el comienzo del próximo ciclo lectivo, los menores de 15 años ya no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales y las plataformas deberán implementar sistemas de verificación de edad.
En nuestro país son muchos los especialistas que desaconsejan compartir imágenes de niños en plataformas digitales por el riesgo de perder el control sobre su uso y de que sean objeto de manipulación.
Y aunque cada vez más las personas mayores son conscientes de que las fotos de hijos, sobrinos y nietos compartidas en redes sociales pueden terminar en circuitos de explotación infantil, pocas imaginan lo frecuente y peligroso que resulta ser.
Se ha insistido también en que el hallazgo en nuestro país de imágenes usadas luego por la pedofilia debiera activar las alertas, por los riesgos del llamado “sharenting”, que es el hábito de compartir abiertamente fotografías, videos e información personal de niños y niñas en plataformas digitales como Facebook e Instagram.
Y es que aun cuando se trate de contenidos compartidos con fines afectivos o familiares, una vez que esas imágenes ingresan al ecosistema digital resulta prácticamente imposible controlar su manipulación.
La ludopatía, la adicción a las drogas, los delitos sexuales, la incorporación cotidiana a través de las redes a las numerosas transgresiones y figuras penales en que puede sumergirse el mundo infantil, avalan con creces las medidas restrictivas que se toman en muchos países.
Se trata, entonces, de incorporar a las legislaciones nacionales criterios de cuidado, que contemplen a rajatabla la privacidad y seguridad de los menores frente a la expansión de las redes sociales.
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