Los desarmaderos ilegales de metales ubicados en la Ciudad, en localidades de la periferia platense o en distritos cercanos, están de parabienes porque: el robo en medidores de gas en estas últimas semanas vuelve a atravesar un período de auge. Según datos de la distribuidora Camuzzi, en lo que va del año ya se registraron 450 episodios en la Ciudad, de los cuales cerca de 100 ocurrieron durante las últimas semanas.
Tal como se dijo ayer en este diario, el objetivo principal de los delincuentes son los flexibles de cobre que conectan el servicio domiciliario con el regulador y el medidor, para venderlos luego en los desarmaderos ilegales. Pero además, al ser manipulados sin conocimientos técnicos ni medidas de seguridad, los robos provocan una liberación incontrolada de gas natural en media presión, lo que deriva en la interrupción inmediata del suministro y en un peligro inminente para la vivienda afectada y sus vecinos.
Si hiciera falta aludir a otro grave perjuicio, además del que sufren los frentistas que se quedan sin gas en sus domicilios, ocurre que la empresa Camuzzi cambió en el curso de los años los requisitos a seguir en las viviendas para contar con un servicio de gas domiciliario.
De modo que requiere la existencia de nuevas bocas de ventilación y cumplir otra serie de tramitaciones, algo que suele demandar gastos y mucho tiempo a las víctimas de estos robos.
Algunos vecinos avisados de los problemas burocráticos, técnicos y de “bolsillo” que pueden sobrevenir, acuden a gasistas particulares para reponer a sus costos los flexibles o piezas robadas. Ese monto será mucho menor que las distintas restauraciones que deberán hacer en sus domicilios si notifican a la empresa.
Cabe recordar que el robo en los medidores de gas se suma al que se registra en las tapas, cámaras y otros elementos metálicos existentes en distintos servicios, como los de agua y luz cuando no son también los cables aéreos eléctricos los que son robados.
Se sabe que esta verdadera industria, que empieza por delincuentes -a los que no les importe dejar sin gas a 100 familias, como ocurrió recientemente-, depende para subsistir de disponer en la zona de desarmaderos ilegales, es decir de establecimientos que les compran y reducen los metales robados para su posterior reventa.
Se ha dicho ya en numerosas oportunidades que, sin perjuicio de multiplicar su presencia en las calles, no debiera resultarle dificultoso a la Policía detectar a esos reducidores, investigar el origen de las mercaderías que venden y, en su caso, entregar a esos delincuentes a la Justicia.
SUSCRIBITE a esta promo especial