El informe publicado en este diario demostrativo de que la Legislatura bonaerense es la que más gasta a nivel nacional, conocido en el contexto del debate que se reabrió ante la presentación de un proyecto para transformar a la casa de las leyes provincial en unicameral -eliminando la cámara de Senadores- sirvió para poner bajo la lupa el tema de los enormes gastos en que incurre, sin control alguno que transparente el manejo de sus presupuestos.
Tal como se informó en este diario, la Legislatura gastó poco menos de 309 mil millones de pesos en 2025, convirtiéndose en la más costosa entre las 24 legislaturas federales del país. Es también la más numerosa con 138 bancas (92 en Diputados y 46 en el Senado). De ese número se deduce que se destina por año 2.233 millones por legislador bonaerense. En lo que concierne ejercicio 2026, la Cámara de Diputados recibió más de $222 mil millones mientras que el Senado tiene destinados $156 mil millones de gastos para el corriente año.
En cuanto a la masa de legisladores en el país “si se tiene en cuenta que el total de diputados y senadores de las jurisdicciones en cuestión es de 1.199, esto implica que cada uno de ellos tiene un costo de $1.182 millones al año. O, en otras palabras, equivalente a $98 millones mensuales”, añade un informe producido por la Fundación Libertad.
El informe destaca que el costo anual por legislador es diferente entre las provincias. El costo más alto se halla en Tucumán, con $2.735 millones por año, le siguen CABA con $2.662 millones y Chaco con $2.492 millones. En el cuarto lugar, como se dijo, aparece la provincia de Buenos Aires con 2.232 millones de pesos.
Los números de la Legislatura bonaerense apabullan y esconden opacidades contables, como la de los módulos, que son unidades de dinero que, además de las remuneraciones mensuales, se otorgan a cada legislador para nombrar empleados. Acá aparece la oscura designación de centenares –tal vez miles- de ñoquis, que se volvió más que mediática en la Legislatura bonaerense con el “caso Chocolate”, el funcionario detectado cuando cobraba unos treinta sueldos en un cajero automático de La Plata. Existen también otras cuentas difíciles de contabilizar, como la entrega de subsidios que, desde hace décadas, se otorgaban por el plenario y que después pasaron a ser asignados por cada legislador, sin rendición de cuentas.
No es la primera vez que un bloque opositor, en este caso el de La Libertad Avanza, impulsa un proyecto encaminado a eliminar una de las cámaras, para transformar a la Legislatura bonaerense en unicameral, tal como ocurre en otras quince provincias. Desde hace varias décadas se reiteraron estas iniciativas, pero siempre por parte de bloques minoritarios. Nunca las mayorías peronista y radical impulsaron este tipo de proyectos, que tampoco fueron barajados durante la reforma de la Constitución de 1994, ya que sólo a través de una modificación de la Carta magna podría sancionarse la unicameralidad.
Faltarían también mencionar aquí los edificios anexos que se construyeron o que se alquilan en la Legislatura bonaerense, para albergar los despachos de los legisladores, de sus asesores y empleados, así como para ser sedes de oficinas estables de ambas Cámaras. Todo ello supone también voluminosas erogaciones presupuestarias.
No se trata en modo alguno de desacreditar una función institucional de relieve, como es la de legislar. Pero sí de tomar en cuenta que existen necesidades imperativas en sectores como la salud, la educación, la justicia, seguridad, las de índole salarial para activos y pasivos, por nombrar sólo algunas, que no cuentan hoy con recursos esenciales.
No es la primera vez que desde muchos sectores se habla del dispendio de gastos en la Legislatura provincial. Podría recordarse que el Legislativo sólo cuenta con una manzana y algunos edificios anexos, cuando muy distinto es el caso de los poderes Ejecutivo y Judicial, con sedes centrales en esta capital, pero con multiplicidad de organismos en todo el territorio bonaerense.
También se reclama y desde hace mucho tiempo transparencia en el manejo de los presupuestos en la Legislatura y una mayor austeridad en los gastos. Cada vez que ha sido así, resultó ostensible y, por cierto, negativo para la democracia y el sistema republicano, el absoluto mutismo mantenido por las autoridades de ambas cámaras. Un mutismo que autorizaría a suponer que, lamentablemente, tal como reza el aforismo, que “el que calla, otorga”.
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