Los servicios esenciales que debe prestar el estado de la Provincia de Buenos Aires han sufrido un inocultable proceso de deterioro en sus prestaciones. La escasez de recursos ha tenido la inevitable consecuencia de la menor inversión en salud, educación y seguridad. La delegación de la función de recaudar impuestos en el Estado Nacional ha significado que la provincia de mayor territorio, mayor cantidad de población y mayor producción pueda ser considerada inviable.
Los bonaerenses tanto en lo agropecuario como en lo industrial han ocupado siempre un lugar destacado por su incidencia en el Producto Bruto Interno. Actualmente sufren como ninguna otra jurisdicción el proceso nacional de desindustrialización y aunque las razones del mismo son interpretadas de manera diferente no cabe discusión alguna en cómo influye en los ingresos de la provincia y de sus habitantes. Por otra parte, en reiterados períodos los gobiernos nacionales impusieron la necesidad de requerir autorizaciones para exportar o retuvieron parte de los fondos que lograban los productores al vender al exterior.
Hoy se ha privilegiado la producción de oro, cobre, plata, litio y petróleo por ejemplo e incluso se sancionó un régimen de garantías para las inversiones en esos rubros. La acusación que se formuló durante años de que a las exportaciones agropecuarias no se le agregaba mano de obra a través de su industrialización hoy parece ridículo con lo que ocurre con el litio, por ejemplo.
Un hecho incontrastable es que los bonaerenses aportan alrededor del 33 por ciento del Producto Bruto Interno, porcentaje que siempre fue mucho mayor hasta que cobró intensidad la explotación de yacimientos de metales o hidrocarburos se comenzó a desarrollar. Aún así es la que más contribuye al Estado Nacional que al distribuir los fondos la discrimina ostensiblemente. Según datos oficiales por la Ley de Coparticipación las transferencias automáticas que realiza la nación a las provincias significaron en el mes de agosto pasado 88.686 pesos per cápita mientras que el promedio de lo recibido por todas las jurisdicciones incluyendo CABA es de 149.220 pesos, Catamarca recibió casi nueve veces más por habitante, La Pampa seis veces más y la disparidad hasta se manifiesta con Neuquén donde se experimenta la explosión económica que ha significado Vaca Muerta a la ue se giraron 162.497 pesos por cada poblados. Resulta mucho peor la situación si se analiza la cuantía de los fondos discrecionales del que dispone el Poder Ejecutivo de la Nación, como los famosos ATN para enviar a cada provincia. Provengan del partido que provengan los legisladores o los gobernadores bonaerenses debieron aceptar que disponían de escasos recursos en relación a otras jurisdicciones y eso se manifesta claramente hasta en la cantidad de empleados del Estado porque cada 1.000 habitantes: Tierra del Fuego tiene 141, La Rioja 111 como aproximadamente Catamarca y Santa Cruz, Mendoza 45, Santa Fe 41, Buenos Aires 38 y Córdoba 33. Esas cifras provienen de estadísticas nacionales y estimaciones de fundaciones privadas. Además quienes prestan servicios en lo que concierne a salud, educación, seguridad y justicia reciben salarios menores de lo que registra cruzando el Riachuelo o que en otras jurisdicciones provinciales. Puede aceptarse que el poder legislativo tiene un presupuesto desmesurado pero no ocurre lo mismo con el Legislativo que goza de fondos superiores a cualquier necesidad surgida de su función. Ni en los tribunales, ni en los hospitales, ni en las comisarías sus dependientes tienen el poder adquisitivo de quienes desempeñan idéntica función en otras jurisdicciones.
La crisis que afrontan los bonaerenses en todas las concentraciones urbanas incluyendo las de Gran La Plata demandan sacrificios personales cada vez mayores. Es posible que sea válida la afirmación de que la responsabilidad es de los propios habitantes de la provincia que han permitido que a su dirigencia política ceder ingresos en beneficios de las llamadas “provincias pobres” o que no levantaron su voz todos en conjunto ante la arbitrariedad manifiesta en la distribución de los fondos discrecionales en los que dispone el Poder Ejecutivo Nacional, cualquiera sea la orientación paritaria del Presidente de la República.
La inequidad de la situación fue planteada entre otros por el entonces gobernador Felipe Sola al presidente Néstor Kirchner aunque ambos pertenecían a la misma agrupación política. Sin embargo, ante el planteo reaccionaron gobernantes de otras jurisdicciones y hasta algún ministro del gobierno nacional, sosteniendo que Buenos Aires reclamaba por sus antiguos privilegios.
Tal vez esta sea la hora de preguntar a cualquier candidato a Legislador Provincial o Nacional se le plantee cómo van a defender los intereses de sus votantes. Si este “pago chico” recibe fondos siquiera cercanos a los que aporta la situación del país sería distinta porque los bonaerenses han demostrado que son capaces de producir y hacer que todas su actividades sean competitivas en el mercado internacional si no cargan con la pesada carga que les impone el Estado Nacional.
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