Las estadísticas viales han vuelto a encender los alarmas en La Plata, Berisso y Ensenada. Las 46 muertes registradas en lo que va del año confirman que la violencia en el tránsito sigue representando una de las deudas más graves e irresolutas de la Región.
Aunque la cifra se ubica levemente por debajo de los 51 fallecidos del mismo tramo de 2025, el margen resulta insuficiente para quedar sastifechos o sugerir un cambio de tendencia. Detrás de cada número hay una vida truncada y una comunidad atravesada por el dolor.
El análisis territorial expone con claridad la concentración del problema: La Plata reúne 39 de las 46 víctimas, relegando a Berisso (4) y Ensenada (3). Su extensión geográfica, la densidad urbana y el intenso flujo vehicular convierten a la capital provincial en el epicentro constante de este drama
Sin embargo, el dato más revelador surge al analizar los actores involucrados: cerca del 60 por ciento de los fallecidos —28 de los 46— eran motociclistas.
El fenómeno no admite lecturas simplistas. El parque de dos ruedas se ha multiplicado por necesidades de conectividad laboral, mensajería y como alternativa frente a las deficiencias del transporte público. A mayor cantidad de unidades circulando, mayor es la exposición al riesgo.
No obstante, sobre esta realidad objetiva opera un factor letal: la vulnerabilidad biomecánica del motociclista, que carece de una carrocería capaz de absorber la energía del impacto. Un choque que para un automóvil deja daños materiales, en un rodado de dos ruedas se traduce, lamentablemente, casi de forma indefectible en mutilación o muerte.
Esta fragilidad física se potencia con un mal endémico: la anomia vial. El desprecio sistemático por las normas de convivencia —semáforos en rojo, excesos de velocidad, adelantamientos indebidos, uso del celular al volante o la falta del casco reglamentario— ha transformado las calles del Gran La Plata en escenarios cotidianos de peligro.
Atribuir la crisis únicamente al comportamiento individual o al estado de la infraestructura es fragmentar el diagnóstico. La seguridad vial exige un abordaje integral que combine educación, señalización, estado de la calzada y, de forma ineludible, una presencia rigurosa del Estado a través del control y la sanción.
Mientras prevalezca la tolerancia con la infracción y la regla sea la desatención, la sangría en las calles de la Región seguirá siendo una trágica costumbre.
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