La crisis económica que afecta a la clínicas privadas que funcionan en el territorio bonaerense reviste su mayor gravedad en los padecimientos que la población enfrenta ante el creciente deterioro del sistema de salud.
Esto es, cualquier fragilidad del andamiaje sanitario privado no tarda en derramarse sobre la atención en los hospitales públicos.
Tal como se detalló anteayer en este diario, como muestra de esta relación estructural, se vive en estas horas en Mar del Plata el caso del importante Hospital Regional que se encuentra virtualmente colapsado ante el desborde de la demanda asistencial y la imposibilidad de atender a pacientes que migran de los establecimientos privados.
En este contexto, las asociaciones que nuclean a clínicas privadas denunciaron los graves problemas que enfrentan para poder pagar sueldos y a los proveedores, en una declaración en la que apuntaron a los retrasos con los que el PAMI cumple con los modelos retributivos, que estimaron son de 131,96 puntos porcentuales frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esa ecuación, dijeron, coloca a los establecimientos en una encrucijada operativa.
A raíz de ello, y en demanda de otras reivindicaciones, las principales cámaras que representan a clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico privados solicitaron una audiencia con carácter de urgencia al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.
La nota fue firmada en conjunto por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA); la Asociación Civil de Actividades Médicas (ACAMI); la Cámara de Prestadores de Salud de la Provincia de Buenos Aires (CAPRESS); la Confederación Médica de la República Argentina (CONFECLISA); la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos con Internación de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) y Salud Federal, sumando además la adhesión de más de 30 entidades provinciales.
Se suman a ese pedido, propuestas de reforma tributaria para mitigar la presión fiscal sobre las prestaciones de salud, reducir costos de funcionamiento y otorgar mayor competitividad al sector.
Las instituciones médicas recalcaron su disposición al diálogo institucional con las autoridades nacionales, al tiempo que instaron a diseñar una política pública integral para evitar una parálisis sanitaria que perjudique la atención médica de millones de personas en todo el territorio del país.
Más allá de las variables macroeconómicas que, sin duda, son gravitantes, pareciera -según señalan conocedores del tema- que uno de los problemas principales pasa por la falta de reconocimiento, o de cabal comprensión, por parte de las autoridades sanitarias de los problemas concretos que atraviesan centenares de hospitales y clínicas en la Provincia.
Que se reiteran –no es preciso documentarlo- en la mayoría de los hospitales y centros de salud pública de la Provincia.
Ambos sectores siempre se complementaron entre sí y la eventual decadencia de uno no garantizará el auge del otro. Por el contrario, de no consolidar a los dos, el sistema de salud de la Provincia –en la medida en que no se reaccione y se instauren políticas consensuadas- podría caer en una declinación muy crítica.
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