La situación financiera en la mayoría de los estados provinciales es crítica por la reducción de los aportes del Gobierno nacional en concepto de coparticipación y transferencias. En pesos la disminución ha sido de más del 20 por ciento en el primer trimestre del año, un impacto que se detecta muy fácil al analizar los fondos que la administración central les envió a las provincias por habitantes.
El caso de la provincia de Buenos Aires es ilustrativo: en enero recibió $71.575 per cápita, mientras que en marzo esa cifra cayó a sólo $67.513. Si bien esto representa una quita nominal del 13 por ciento, el impacto real es significativamente mayor al sumarle el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumuló una suba del 9,4 por ciento en el primer trimestre.
“La eliminación de impuestos muy cuestionados por el sector productivo, se vuelve inviable en este contexto”
Con la excepción de Neuquén y otras jurisdicciones beneficiadas por el crecimiento de la producción petrolera o minera, la mayoría de las provincias se ha visto obligada a restringir sus gastos.
Es posible que la ineficacia de algunas administraciones les haya imposibilitado racionalizar y eliminar gastos superfluos. Sin embargo, es muy difícil que realmente pudieran reducir las inversiones en áreas sensibles como educación, salud y seguridad. Por ejemplo, por cada peso que da la Nación para los gastos educativos, las provincias deben poner 4. Mientras que en la atención sanitaria los estados provinciales aportan un 70 por ciento y el Gobierno central, el restante 30 por ciento.
Los impuestos
Asimismo, el margen para aumentar la carga impositiva es nulo, y la eliminación de tributos fuertemente cuestionados por el sector productivo -como Ingresos Bruto- se vuelve inviable en este contexto.
En este marco, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, a pesar del rendimiento de las cosechas y el aumento del precio de la carne vacuna, han sufrido un deterioro significativo de sus ingresos por el proceso de desindustrialización que las afecta especialmente. A ello se suma que las transferencias de las provincias más productivas en el país en enero fueron de 340.523 pesos y en marzo de sólo 295.090 pesos.
A este panorama se suma la pérdida de competitividad de los productores agrarios. El incremento de los costos internos, combinado con un valor del dólar que permanece estable, frena la incorporación de tecnología. Mientras los países competidores logran una mayor productividad, en la región pampeana las proyecciones anticipan una reducción del área destinada a la siembra de trigo. Esto ocurre a pesar de que la invasión rusa a Ucrania restringió la oferta global de alimentos. Por otra parte, incidirá también que Estados Unidos venderá a China importantes cantidades de toneladas de granos.
Los ATN y la inédita brecha provincial
En otras provincias, si bien la disminución de las transferencias de fondos coparticipables fue la misma, recibieron los llamados ATN (Aportes del Tesoro Nacional), de los que el Gobierno nacional dispone arbitrariamente.
Mientras, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Rioja no ingresaron fondos en ese concepto. En cambio, Corrientes obtuvo 11.544 pesos per cápita. Las otras jurisdicciones a las que fueron enviados estos aportes, son Mendoza con 7 mil millones de pesos, Entre Ríos con 6 mil millones de pesos, Salta 7.500 millones de pesos, Chaco, San Juan, Neuquén y Santa Cruz 4 mil millones de pesos, Jujuy 5 mil millones de pesos, Chubut 6.500 mil millones de pesos, Catamarca 2.500 mil millones de pesos, Santa Cruz 4 mil millones de pesos y Misiones, 9.500 mil millones de pesos.
En conclusión, la histórica discriminación que sufren Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba en el esquema de la Ley de Coparticipación Federal continúa condicionando de forma severa sus presupuestos.
Un factor estructural que se vuelve aún más grave al combinarse con el persistente proceso de desindustrialización que golpea el corazón productivo de la Argentina.
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