El oportunismo o el desconocimiento fueron la causa de que la dirigencia argentina se atropellara para pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas tras unas declaraciones del presidente Donald Trump. Como de costumbre, en apenas 48 horas el mandatario estadounidense cambió su posición: pasó de decir que apoyaba a la Argentina a considerar que, de haber un conflicto, él podría actuar como árbitro.
En realidad, la política internacional de nuestro país ha estado signada durante años por cuestiones ideológicas y tradiciones ajenas a los verdaderos intereses nacionales. Por ejemplo, hay bastantes más representantes argentinos en Europa que en Asia, como si la importancia económica para colocar la producción nacional fuera equivalente en ambos destinos.
Sin embargo, este es solo uno de los problemas. En el informe de un politólogo contratado por un banco estadounidense, se sostuvo que la dirigencia argentina —de derecha o de izquierda— sigue pensando en términos afines al marxismo: la economía es, según ellos, la variable determinante de los cambios políticos y sociales, y resulta indispensable un gobierno con plenos —¿o absolutos?— poderes para transformarla y lograr una mejor distribución de la riqueza.
El peronismo primigenio demostró pragmatismo al modificar los planes trazados en 1945 y lograr victorias electorales a pesar de las vicisitudes económicas, la sequía de 1949 a 1952 y el consecuente deterioro del poder adquisitivo. Sin embargo, nunca abandonó la noción de encarnar un consenso social generado por el propio líder.
Los consensos
Los giros en las corrientes de pensamiento predominantes entre economistas y politólogos no deberían sorprender. El año pasado se publicaron dos tomos sobre el denominado “Consenso de Londres”, planteado como alternativa al Consenso de Washington de 1989. Este último consistía en un conjunto de diez medidas acordadas por banqueros y economistas para garantizar que los países deudores cumplieran sus compromisos con los acreedores (organismos internacionales de crédito con sede en la capital estadounidense). Para ello recomendaban estrictos planes de austeridad, subrayando que la eliminación del déficit fiscal debía ser el pilar de cualquier programa.
En contraste, el trabajo articulado durante dos años en la prestigiosa London School of Economics and Political Science (LSE), que reunió a politólogos, economistas y exministros, sostiene que el desarrollo requiere políticas de Estado respaldadas por el mayor consenso social posible dentro de la democracia.
Reconoce la trascendencia del mercado, pero enfatiza que la meta final debe ser la justicia social. A diferencia de las directrices de Washington —que limitaban la intervención estatal—, afirma que la colaboración público-privada es el único camino para diseñar planes eficaces.
Con el pragmatismo que la caracteriza, la propia política estadounidense ha adoptado este criterio en su carrera con China por la primacía tecnológica: el gobierno norteamericano ha comenzado a coinvertir en empresas privadas para movilizar el capital necesario y competir con las corporaciones estatales de Pekín.
Ese tipo de acción conjunta es la que propone el Consenso de Londres: no existe una receta única universal, sino un marco donde el desarrollo productivo con inclusión sea viable mediante la confluencia del Estado y el sector privado.
El poder absoluto
El politólogo italiano Loris Zanatta, habitual columnista en medios argentinos, sostiene que el problema de nuestro país es fundamentalmente cultural y político antes que económico, y que la ausencia de coaliciones moderadas lo condena a repetir fracturas cíclicas.
En referencia a la actualidad nacional, escribió recientemente que, cuando un plan fracasa por falta de pragmatismo o exceso de dogmatismo, resulta extremadamente difícil convencer a la ciudadanía de que esas reformas se podrían haber implementado de una mejor manera para beneficiar a todos. Coincidiendo con los principios aunque distanciándose de la ejecución, afirmó: “Hay algo peor que hacer las cosas mal: es hacer mal las cosas correctas”.
Zanatta siempre ha cuestionado el absurdo de transformar corrientes económicas y políticas en dogmas de fe totalizadores. En su último artículo ratificó que “el verdadero progreso nace de la competencia de ideas, la laicidad y el relato razonado, y no de dinámicas polarizantes que tratan a los opositores como enemigos mortales”. Al leer estos conceptos, ¿cabe duda de que nos están hablando a nosotros?
Asimismo, en clara alusión al presidente Javier Milei —quien definió al marxismo como una “teoría satánica”—, Zanatta agregó que las ideas del autor de El Capital “ya están superadas; no tienen semejante importancia”.
Pocas horas después de difundirse el artículo de Zanatta, Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), reconoció que la crítica al periodismo es legítima y necesaria, pero la diferenció del agravio y la estigmatización.
Si bien no especificó a qué gobierno se refería por considerarlo innecesario —pocos olvidan cuando se pegaron afiches con rostros de periodistas invitando a escupirlos—, reafirmó que “cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”.
“Hay algo peor que hacer las cosas mal: es hacer mal las cosas correctas”
Dessein cuestionó que se alienten manifestaciones de hostilidad hacia la prensa y remarcó que ningún mandatario debería caer en la tentación de silenciar los matices o las críticas. Estas suelen verse como un obstáculo para gobernar sin ataduras, una pretensión recurrente en autoritarios de izquierda, de derecha y en populistas de toda índole.
Lamentablemente, estas actitudes prevalecen entre los líderes de las principales fuerzas políticas argentinas.
El peligro no acecha únicamente a los periodistas, sino a cualquiera que intente manifestar un punto de vista independiente del poder de turno. En el fondo, persiste la creencia de que es indispensable contar con mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso, nombrar jueces adictos y forzar una opinión pública unánime.
Tal vez este pensamiento sea el factor fundamental en la generación de la crisis que han afectado, y afectan, a los sufridos argentinos.
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