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Durante años, la discusión sobre la Coparticipación se presentó como un debate lejano, casi abstracto, reservado para especialistas en finanzas públicas. Sin embargo, detrás de cada punto porcentual que cae la recaudación nacional o provincial, existen consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de los municipios y, en definitiva, sobre los vecinos.
Los números del primer semestre de 2026 muestran con claridad esta realidad. La desaceleración de la actividad económica en sectores claves como la industria, el comercio y el consumo, genera la caída de los recursos tributarios que terminan impactando de manera directa sobre las arcas municipales. Y La Plata no fue la excepción.
En los primeros seis meses del año, la recaudación de impuestos nacionales coparticipables registró una caída real del 9,6%. Como consecuencia de ello, la Provincia de Buenos Aires dejó de percibir aproximadamente $542 mil millones. Los municipios vieron caer sus ingresos en $ 32 mil millones. A su vez, la Municipalidad de La Plata perdió recursos por alrededor de $2,7 mil millones, equivalentes a unos $ 462 millones mensuales.
Los impuestos provinciales que integran la masa coparticipable hacia los municipios también sufrieron una disminución real del 2,5% por la caída de Ingresos Brutos (impuesto atado a la actividad económica), generando una reducción cercana a los $200 mil millones para el conjunto de los gobiernos locales. Para la capital bonaerense, ello implicó una pérdida adicional de aproximadamente $1.020 millones.
En total, durante el primer semestre, la Municipalidad de La Plata dejó de percibir casi $3.800 millones (a fin de año podrían ser aproximadamente $ 7.600 millones). La cifra parece enorme, pero adquiere verdadera dimensión cuando se la traduce a términos concretos. La pérdida real de estos 6 primeros meses equivale a 12.600 cámaras de seguridad para la Ciudad.
“La pérdida real de estos 6 primeros meses equivale a 12.600 cámaras de seguridad para la Ciudad”
Cabe señalar que, en 2025 la Ciudad percibió $3.507 millones por el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad (FMFS), que la Provincia no pudo mantener en 2026 por la caída de coparticipación nacional. De haber continuado esta política, a precios actuales, este monto debería llegar a los $ 4.800 millones. Es decir, proyectando la pérdida de ingresos por Coparticipación de la Municipalidad hasta fin de año, más la pérdida del FMFS, las arcas municipales en términos reales dejarán de recibir $12.400 millones durante 2026. Es decir, 41.300 cámaras de seguridad.
LA DEPENDENCIA DE ESTOS RECURSOS
Detrás de estos números aparece un fenómeno más profundo: la enorme dependencia financiera que poseen los municipios respecto de recursos cuya evolución no controlan.
Paradójicamente, los gobiernos locales son la primera línea del Estado. Son quienes deben mantener calles, prestar servicios urbanos, garantizar la recolección de residuos, sostener centros de salud, responder frente a emergencias climáticas y atender las crecientes demandas sociales. Sin embargo, gran parte de sus ingresos dependen de decisiones macroeconómicas y de la evolución de tributos que se generan y distribuyen en otros niveles de gobierno.
En el caso de La Plata, el 73% de la caída de recursos provino de la menor recaudación nacional coparticipada. Esto vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: el de la sustentabilidad financiera de los gobiernos locales en un contexto de creciente descentralización de responsabilidades, pero sin un correlato equivalente en materia de recursos.
La situación también reabre una discusión histórica para la Provincia de Buenos Aires. El distrito que más aporta al producto, al consumo y a la recaudación nacional continúa siendo uno de los que menos recursos recibe en términos relativos. Y dentro de esa provincia, municipios de gran tamaño como La Plata sufren de manera particularmente intensa los ciclos económicos nacionales.
Cuando cae la actividad, caen el IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y Sellos. Y cuando esos recursos disminuyen, las consecuencias terminan llegando a las ciudades en forma de menos capacidad de inversión, menores márgenes fiscales y mayores dificultades para sostener servicios esenciales.
La discusión, entonces, excede largamente una cuestión contable. Se trata de pensar qué modelo de federalismo fiscal necesita la Argentina y cómo garantizar que quienes están más cerca de los vecinos puedan contar con herramientas suficientes para responder a sus demandas.
Porque detrás de cada punto de caída de la recaudación no desaparecen solamente recursos presupuestarios. También se postergan obras, se reducen capacidades de gestión y se limitan las posibilidades de construir ciudades más modernas e inclusivas.
En definitiva, cuando la economía se enfría y la recaudación cae, los municipios terminan pagando una parte importante de la cuenta. Y, en última instancia, quienes terminan sintiendo ese impacto son los propios vecinos.
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