Por Lic. Sebastian Genatti y Lic. Matias Remes Lenicov
La Argentina arrastra desde hace décadas una contradicción fiscal difícil de sostener: las provincias tienen a su cargo buena parte de los servicios que más directamente recibe la población (educación, salud, seguridad e infraestructura), pero dependen crecientemente de recursos que recauda la Nación y luego distribuye. La distancia entre quien cobra los impuestos y quien debe responder por las necesidades de la gente debilitó la autonomía provincial y desdibujó las responsabilidades de cada nivel del Estado.
La provincia de Buenos Aires es probablemente el caso más evidente. En 1972 recibía el 32,8% de la distribución secundaria de la coparticipación. Luego de sucesivos acuerdos y modificaciones, su participación cayó hasta el 19,6% establecido en 1988. El Fondo del Conurbano intentó compensar posteriormente parte de esa pérdida, pero nunca resolvió el problema estructural: durante décadas, Buenos Aires aportó al sistema federal mucho más de lo que recibió, con consecuencias claras en la calidad de los servicios e infraestructura.
Pero aquella arquitectura fiscal fue construida para una Argentina cuya estructura productiva está cambiando. Durante los próximos años, la minería, los hidrocarburos y la energía tendrán una participación creciente en las exportaciones y en la generación de divisas. Numerosas provincias se beneficiarán directamente mediante regalías, empleo, inversiones y mayor actividad económica. Es una excelente noticia para el país, pero también obliga a repensar cómo distribuimos el esfuerzo federal. La solidaridad no puede descansar indefinidamente sobre las mismas jurisdicciones.
Reformar integralmente la Ley de Coparticipación sería el camino natural. Sin embargo, la propia Constitución exige consensos y mayorías que ninguna administración logró reunir desde 1994. Quizás sea momento, entonces, de recorrer otro camino: comenzar por una reforma tributaria nacional, provincial y municipal que simplifique impuestos y devuelva autonomía a las provincias.
El punto de partida podría ser el IVA.
La propuesta consiste en darle al IVA un régimen federal específico, separándolo del esquema actual de coparticipación y dividiendo claramente su recaudación entre un componente nacional y otro provincial, distribuido fundamentalmente según el lugar donde se produce el consumo.
¿Por qué hacerlo? Porque permitiría reemplazar dos de los tributos más distorsivos de la Argentina: Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales que gravan la actividad económica, como la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH).
La magnitud permite entender la oportunidad. Durante 2025, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recaudaron aproximadamente $31 billones por Ingresos Brutos. Esa cifra equivale a aproximadamente la mitad de todo lo recaudado por IVA nacional durante ese año.
Traducido a la alícuota general del IVA, IIBB equivale aproximadamente a 10,6 puntos de IVA. Las tasas municipales sobre la actividad económica agregan una carga adicional que puede estimarse en torno a otros 2 puntos de IVA.
Pero esto no significa que el consumidor pague simplemente 21% de IVA más 10,6% de IIBB más 2% de TISH. Esa suma sería incorrecta, porque IIBB y las tasas municipales no funcionan como un IVA aplicado directamente sobre el precio final: se cobran en distintas etapas de la cadena y se van incorporando sucesivamente a los costos. Precisamente allí reside uno de sus mayores problemas.
Un producto argentino puede soportar Ingresos Brutos cuando se fabrica, cuando se transporta, cuando se distribuye y nuevamente cuando se comercializa. Cada etapa incorpora el impuesto anterior dentro de su propio costo. Es el denominado “efecto cascada”.
Por eso la presión efectiva depende de la cantidad de etapas de cada cadena productiva. Cuanto más extensa y federal sea una cadena, mayor puede ser la acumulación tributaria. Paradójicamente, nuestro sistema termina castigando a las actividades que generan más encadenamientos productivos dentro del país.
Aquí aparece una propuesta que, a primera vista, puede resultar contraintuitiva: llevar la alícuota de referencia del IVA desde el actual 21% hacia aproximadamente el 29%, mientras se eliminan progresivamente IIBB y las tasas municipales sobre la actividad económica.
No sería aumentar 8 puntos la presión tributaria. Sería reemplazar impuestos ocultos y acumulativos que hoy ya están dentro de los precios por un impuesto visible, uniforme y fiscalizable. La Nación conservaría un componente propio del IVA. El componente restante correspondería a las provincias y se distribuiría principalmente según el consumo realizado en cada jurisdicción. A su vez, cada provincia debería garantizar la participación de sus municipios para permitir la eliminación de las tasas sobre la actividad económica.
El esquema podría incluso admitir cierto margen de autonomía provincial. Sobre una alícuota de referencia cercana al 29%, cada provincia podría determinar su componente dentro de una banda acotada (por ejemplo, 2 puntos hacia arriba o hacia abajo) de acuerdo con sus necesidades fiscales y las de sus municipios. De esta manera, una provincia que pudiera financiarse con una alícuota menor tendría incentivos para hacerlo. Y el ciudadano podría comparar claramente cuánto cuesta financiar al Estado en cada jurisdicción.
El objetivo final debería ser sencillo de entender: un solo impuesto al consumo en lugar de IVA + Ingresos Brutos + tasas municipales que recaen en la producción.
La reforma tendría además una ventaja fundamental. El IVA grava el valor agregado y permite descontar los créditos fiscales de las etapas anteriores. IIBB y buena parte de las tasas municipales, en cambio, gravan facturación sin reconocer adecuadamente los impuestos pagados previamente.
Eliminar esa acumulación reduciría costos sobre insumos, transporte, industria y comercialización; mejoraría la competitividad de las exportaciones y favorecería la inversión. También permitiría desmontar progresivamente el enorme sistema de retenciones, percepciones y anticipos que hoy inmoviliza capital de trabajo, genera saldos a favor en las agencias de recaudación y multiplica costos administrativos.
Existe además otro elemento relevante: las importaciones también pagan IVA, mientras que no cargan con toda la acumulación de IIBB y tasas municipales que soportó previamente un producto fabricado íntegramente en la Argentina.
El sistema actual puede generar así una paradoja: cuanto más larga sea la cadena productiva nacional, mayor puede ser la carga tributaria acumulada antes de llegar al consumidor. Reemplazar esos gravámenes por IVA contribuiría a reducir ese sesgo contra la producción local.
La mayor trazabilidad electrónica del IVA y la facturación digital también ofrecen mejores posibilidades de fiscalización. Si la sustitución genera mayor formalización y cobrabilidad, parte de la reforma podría traducirse no solamente en simplificación, sino también en una reducción gradual de la presión tributaria efectiva.
El cambio no sería únicamente recaudatorio. Modificaría los incentivos del federalismo argentino.
Si una parte relevante de los ingresos provinciales y municipales dependiera directamente del consumo y de la actividad formal desarrollada en cada territorio, gobernadores e intendentes tendrían mayores incentivos para atraer inversiones, promover el comercio y el turismo, facilitar la apertura de empresas y mejorar la infraestructura.
Las jurisdicciones dejarían de competir principalmente mediante exenciones y tratamientos tributarios especiales y comenzarían a competir por algo mucho más saludable: generar mejores condiciones para producir, invertir y consumir.
La Nación, por su parte, reduciría su concentración de recursos y las provincias recuperarían autonomía sobre una de las principales fuentes tributarias del país. Los municipios contarían con ingresos previsibles sin necesidad de gravar repetidamente la misma actividad económica.
Animarse al cambio, no es un salto al vacío. Una transformación semejante no puede realizarse de un día para otro. Requiere información, coordinación entre los tres niveles de gobierno y mecanismos que garanticen que ninguna jurisdicción quede abruptamente desfinanciada.
Brasil está avanzando actualmente en una reforma de enorme magnitud para sustituir distintos impuestos sobre bienes y servicios por un sistema de IVA dual. India recorrió un camino semejante con la introducción de su GST, reemplazando una extensa red de impuestos nacionales y subnacionales.
La transición podría extenderse durante varios años: reducir gradualmente IIBB y las tasas municipales mientras aumenta proporcionalmente el componente provincial del IVA, hasta alcanzar la convergencia. Incluso podría establecerse un fondo transitorio de compensación para las jurisdicciones que inicialmente pierdan recursos. Lo importante es comenzar.
La nueva estructura productiva argentina ofrece una oportunidad que no deberíamos desaprovechar. El crecimiento de la minería, los hidrocarburos y la energía modificará progresivamente el mapa económico del país. También debería permitirnos discutir un federalismo distinto.
Federalismo solidario no significa que unas pocas jurisdicciones financien indefinidamente al resto. Significa compartir el desarrollo, garantizar una transición para quienes lo necesiten y distribuir los recursos mediante reglas claras y previsibles.
Federalizar el IVA para reemplazar Ingresos Brutos y las tasas municipales permitiría simplificar radicalmente el sistema tributario, reducir impuestos sobre la producción y devolver autonomía a provincias y municipios.
No se trata de crear un impuesto nuevo ni simplemente de aumentar el IVA. Se trata de hacer visible lo que hoy está oculto en los precios, reemplazar impuestos distorsivos por un tributo más eficiente y comenzar a reconstruir el federalismo fiscal argentino.
Porque una verdadera reforma tributaria no debería discutir solamente cuánto recauda el Estado. También debería preguntarse cómo recauda, quién recauda y qué incentivos genera para producir, invertir y crecer.
SUSCRIBITE a esta promo especial