El regreso del príncipe Enrique a Reino Unido reavivó el debate sobre si los contribuyentes deben asumir la factura para ofrecerle seguridad a él y a su familia, ante la advertencia de algunos expertos que creen que sí existen amenazas reales.
El duque de Sussex llegó a Reino Unido la semana pasada con su esposa Meghan y sus dos hijos pequeños, procedente de Estados Unidos, donde la familia vivió los últimos seis años. En el pasado, había descartado la posibilidad de regresar de forma permanente a su país, alegando preocupaciones sobre su seguridad.
La pareja abandonó Reino Unido y sus funciones reales en 2020 en medio de un enfrentamiento dentro de la familia real.
Enrique emprendió luego una batalla legal de varios años -en última instancia infructuosa- para mantener la protección financiada por el contribuyente británico mientras vivía en California.
Ahora, de vuelta con su hijo de siete años, el príncipe Archie, y su hija, la princesa Lilibet, de cinco, algunos reportes revelan que ha estado presionando para que se restablezca su protección policial.
Sin embargo, cuando la familia aterrizó el 26 de agosto en el aeropuerto de Birmingham, contaban con seguridad privada en lugar de agentes de policía, según los medios británicos.
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