Los datos de la realidad marcan que la actividad comercial e industrial de La Plata registra una de las peores crisis de su historia, ahora intensificada por una caída en las ventas y por una presión fiscal sofocante, que causan grave mella y complican en forma extrema la sobrevida de esos sectores.
A la caída en las ventas y las dificultades para financiarse se suman las ejecuciones de ARCA y ARBA, reflejadas en multas e intimaciones por deudas impositivas, ejecutadas luego a través de embargos.
El problema quedó en el centro de la escena en las últimas jornadas, tras el cierre de una histórica fábrica textil de La Plata, con más de cinco décadas de actividad. Entre las dificultades, la falta de ventas impidió afrontar tres cuotas de planes de pago del organismo fiscal nacional, lo que activó el procedimiento de embargo, tal como se dijo en el informe publicado en este diario.
Según una encuesta realizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y la Cámara de Comercio local, las ventas comerciales en La Plata cayeron 14,7 por ciento interanual durante el segundo trimestre de 2026, acumulando 14 trimestres consecutivos en baja.
En cuanto a la presión fiscal, se reseñó que en lo que va del año el 20 por ciento de los comercios e industrias sufrió embargos y el 60 por ciento recibió intimaciones por deudas impositivas.
Antes de toda otra consideración, debe señalarse que en La Plata ha caído en forma drástica el empleo privado y que, además, no cuenta con planes certeros para lograr inversiones. Ello a pesar de que la Ciudad dispone de la aptitud comprobada de un polo tecnológico de primer nivel y, además, con una plena capacidad para desarrollar el sector de la industria tradicional. Sin embargo, esas posibilidades no son aprovechadas y no por desidia sino por falta de incentivos.
Es verdad que, pese a todo, comercios, industrias y servicios luchan por sobrevivir y proyectarse hacia un futuro mejor. Según conocedores, la mejor fórmula para facilitar ello es impulsar políticas y medidas impositivas y crediticias que resulten estimulantes. No aquellas políticas que aceleren la caída de las fuentes laborales.
Sin una política de Estado, que fomente inversiones imprescindibles para el sector privado, nuestra ciudad sufre las consecuencias de una población con bajo poder adquisitivo en comparación con el que exhiben los habitantes de capitales de otras provincias, aún cuando por su condición de capital bonaerense mantiene la ventaja comparativa que ofrece la presencia de una fuerte administración pública, que garantiza ingresos a un amplio sector.
Es de esperar, entonces, que el Estado no se desligue de su función de promotor de la economía general y que, por consiguiente -con una política fiscal más inteligente que represora- acompañe a tantos pequeños y grandes empresarios que, optimizando su gestión, podrán resurgir y darle nuevamente vida económica de la Ciudad.
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